Netflix, el servicio en línea para ver películas vía ‘streaming’, prepara su desembarco en España para principios de 2012.

Según adelanta Le Figaro, la plataforma ‘online’ de alquiler de películas y series, que hace poco se extendió a Canada y tiene previsto llegar a Sudamérica a finales de año, pretende iniciar su entrada en Europa a través del mercado español.

Netflix se ha convertido en dos años en el líder en la distribución de películas y series por ‘streaming’, demostrando que es un negocio que puede ser rentable.

El éxito ha llevado al portal de alquiler de vídeo ‘online’ ha desear expandirse a otros países, pese a los inconvenientes que pueda suponer la gestión de los derechos de autor de los contenidos.

Según desveló en enero la Asociación de Internautas, Netflix está teniendo problemas para entrar en nuestro país debido a que los “abusivos derechos de autor” representarían “un coste de 2 a 3 veces mayor que esos mismos derechos en los países de nuestro entorno, como Francia o Alemania”.

Sin embargo, según se desprende de la información de Le Figaro, la compañía podría estar cerca de conseguir los derechos necesarios.

El modelo de negocio de Netflix se basa en el pago de una suscripción mensual de 8 dólares (menos de 6 euros) a cambio de poder ver en ‘streaming’ cualquier título disponible sin límite de veces o tiempo de uso. Su servicio es similar al de portales como Seriesyonkis o Cinetube, aunque totalmente legal, pues Netflix tiene licencia para emitir esos contenidos.

Su éxito radica en ofrecer contenidos de alto interés, algunos en exclusiva, como la serie ‘House Cards’, una serie de 26 episodios dirigida por David Fincher y protagonizada por Kevin Spacey por la que pagó 100 millones de dólares (68 millones de euros).

Actualmente Netflix genera más del 20% del tráfico de Internet en Estados Unidos, y cuenta con más de 23 millones de suscriptore

Por el momento, su prioridad para este año es América del Sur, donde se espera que Netflix llegue a finales de 2011. Según Le Figaro, el salto a España se produciría a principios de 2012, dejando Inglaterra para finales de ese mismo año y Francia para inicios de 2013.

vía Netflix prepara su desembarco en España para 2012 | Navegante | elmundo.es.

Disposición adicional duodécima. Modificación de la compensación equitativa por copia privada.
El Gobierno, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, mediante Real Decreto y con plena conformidad al marco normativo y jurisprudencial de la Unión Europea, procederá a modificar la regulación de la compensación equitativa por copia privada.

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, publicada el 5 de marzo de 2011, hace ahora tres meses.

Hay que suponer que durante este trimestre el Ministerio de Cultura no habrá estado ocioso y habrá preparado un estudio objetivo sobre el impacto económico de la copia privada, porque de lo contrario la Audiencia Nacional le anulará la prometida modificación más tarde o más temprano.

La nueva normativa, además, debe tener en cuenta que no se puede exigir el pago del canon a empresas, profesionales y administraciones, porque de lo contrario el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la Audiencia de Barcelona le dirían al Ministerio de Cultura que la nueva norma es ilegal.

Es importante que cumpla lo prometido en tiempo y forma, porque si no lo hace el PP (que apoyó la aprobación de la Ley Sinde con la condición de la modificación del canon digital en el plazo de tres meses) podría considerarse estafado. Claro que el PP es un partido muy adaptable en lo relativo al canon, y podría perdonarle la jugarreta… o no, claro.

Nos consta, en cualquier, caso, que González Sinde está hablando de todos estos temas desde enero “con las partes”. No está muy claro con qué “partes” se está reuniendo Sinde, aunque sabemos que Sebastián se está reuniendo con la patronal y con la SGAE. En repetidas ocasiones Sinde ha prometido conversaciones a propósito del canon, e inclusopuso como fecha el año 2010, pero ni siquiera se ha dignado a reunirse con la plataforma Todos Contra el Canon, a pesar de los tres millones de firmas recogidas para pedir la modificación de la ley.

Eso sí, seguro que la legislación destinada al cierre de páginas web se aplica con mas diligencia que la reforma del canon, porque si no lo hace los Estados Unidos de América podrían molestarse mucho, que para eso se están molestando en supervisar la implementación de dicha legislación.

vía El plazo legal para modificar el canon se ha agotado hoy | Anvazher.es.

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Descartada la aplicación de medidas coercitivas contra los usuarios, como el sistema de tres avisos francés, la Unión Europea se ha fijado en la recién aprobada Ley Sinde que obliga a los proveedores de Internet a bloquear las fuentes de las descargas no autorizadas. El próximo martes se presentarán una serie de modificaciones a directivas, que buscan implementar un sistema similar a nivel europeo.

Según publica el sitio Euractiv, fuentes cercanas a la Comisión aseguran que el ejecutivo comunitario trata de replicar el modelo de bloqueo de sitios web de descargas planteado en España con la Ley Sinde.

El borrador de la estrategia de UE respecto a la protección de la propiedad intelectual, que se publicará el próximo martes, recopila las enmiendas que es necesario aplicar a legislación comunitaria para que se persigan las infracciones en su origen. En concreto, se pide actualizar la Directiva de Comercio Electrónico y la de Derechos de Propiedad Intelectual. Los cambios están impulsados por el Comisario Europeo para el Mercado Interno, el francés Michel Barnier, sobre el que, según Euractiv, ha ejercido presión la CISAC, sociedad de autores francesa.

Para ello exigirá la colaboración de los ISP, que deberán bloquear el acceso a los sitios que sirven de origen de las descargas, de forma similar a como hace la Ley Sinde. El texto del borrador ha “asustado” a los proveedores de internet que han tenido acceso, asegura el artículo.

vía La UE estudia extender la Ley Sinde a toda Europa.

Desde que en enero de 2010 publicara un demoledor informe sobre la posición de monopolio que ejercen cada una de las sociedades de gestión de derechos de propiedad intelectual en su respectiva área de actuación, la actividad sancionadora de la Comisión Nacional de Competencia contra estos organismos ha cogido velocidad.
Ayer, impuso una nueva multa de 532.686 euros a la sociedad AIE por las tarifas “inequitativas y discriminatorias” cobradas a Sogecable.

Un caso que viene precedido por sanciones similares en los años 2000 y 2008 a raíz de las denuncias de otras televisiones, que han sido refrendadas por los tribunales de justicia (el Supremo entre ellos).

Pero no sólo las cadenas de televisión han emprendido acciones legales contra estas tarifas que consideran abusivas. Las investigaciones por posibles actuaciones irregulares de estas sociedades de gestión se han extendido a otros ámbitos de la sociedad, algunos de ellos sorprendentes como conciertos benéficos, taxis o bodas.

La labor fiscalizadora de Competencia sobre la actuación de la SGAE, AGEDI, AIE, EGEDA y AISGE está siendo exhaustiva, pero los precedentes actuales parecen suficientes para afirmar que el Gobierno debería emprender una reforma a fondo de la gestión del polémico canon y las excesivas funciones otorgadas a estas sociedades privadas.

vía La CNC detecta más abusos en el canon,Editoriales Expansión.com.

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Si tu me demandas, yo más. Tres organizaciones han presentado esta mañana una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por posibles delitos de fraude a la Hacienda Pública, falsificación de documentos y apropiación indebida contras distintas sociedades de gestión de derechos de autor. La respuesta de éstas no se ha hecho esperar en forma de querella criminal por “calumnias” contra la plataforma Todoscontraelcanon.com.

En un comunicado conjunto de las entidades de gestión éstas aseguran que “la denuncia formulada es enteramente falsa y calumniosa, sustentada en datos tendenciosa y erróneamente interpretados, y atribuye gravísimos delitos que afectan a la honorabilidad de los responsables de las Entidades de Gestión”. Asimismo piden a la fiscalía Anticorrupción que de “la más rápida tramitación de la denuncia formulada, su archivo inmediato y la deducción de testimonio de dicha denuncia al Juzgado de Guardia competente por la comisión de un presunto delito de denuncia falsa” al considerar que su actuación “se ajusta escrupulosamente al marco legal que la regula, en particular en el relativo a todos sus sistemas de reparto, avalados en 2008 y 2010 por los informes de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL)”.

Rafael Sánchez, portavoz de las entidades de gestión, ha asegurado a este periódico que “los denunciantes, intencionadamente presuponen que alguien se ha llevado el dinero porque comparan cifras que no son comparables. Su único objetivo es calumniarnos sin el más mínimo rigor analítico, cuando nuestras cifras están avaladas por AEVAL”. Sánchez también lamenta que los denunciantes también consideren que sus socios, “a los que todos los años presentamos los informes de gestión”, no tienen suficiente capacidad intelectual “para analizar las cifras”, de las que solicitan una auditoría ante la fiscalía.

Esta mañana, la Asociación de Usuarios de Internet, la Asociación de Internautas y la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT) se dirigen contra los consejos de administración de estas entidades y los funcionarios “que hayan avalado o encubierto” las anteriores prácticas pertenecientes a la Subdirección General de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura. Las entidades denunciadas son SGAE, Cedro, Egeda y AIE.

Según el abogado denunciante Josep Jover, la iniciativa parte del estudio de la documentación pública sobre la recaudación por copia privada (canon digital) que las citades entidades remitieron al Ministerio de Cultura y las cifras publicadas por las mencionadas organizaciones en sus informes de gestión. “Apreciamos que existe una diferencia de 50 millones de euros que no habrían abonado a sus asociados”. La demanda también se dirige contra funcionarios del ministerio porque “habiendo publicado los datos no han reaccionado ante la diferencia que presentan los mismos”.

Ana Maria Méndez, copropietaria de la barcelonesa tienda de informática Traxtore, que desencadenó la sentencia europea contra el canon digital , es una de las demandantes ante la Fiscalía Anticorrupción porque considera que es la consecuencia lógica de una “situación insostenible. Cuando vimos que Cedro suspendía el fondo de garantía social por la alarma creada por el fallo europeo, nos preguntábamos ¿por qué privan de ayuda a sus socios si a lo largo de 2010 han seguido recaudando el canon en su totalidad, aunque la sentencia establezca que es indiscriminado?”. Al comparar la documentación y ver que “las cifras no cuadraban”, decidimos solicitar a Anticorrupción que realicen una auditoria oara saber qué se recaudan exactamente por el canon, cómo se reparte y a quién”.

El origen de las denuncias

Esta mañana se presentará ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia por los posibles delitos de Fraude a la Hacienda Pública, falsificación de documentos privados y públicos y apropiación indebida de las cantidades abonadas a las entidades de gestión para su reparto a los legítimos titulares de los derechos de propiedad intelectual contra los Consejos de Administración o Juntas deGobierno de las diversas entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual autor y contra los cargos y funcionarios que hayan avalado o encubierto las anteriores prácticas pertenecientes al MINISTERIO DE CULTURA, específicamente se señala a la Subdirección General de Propiedad Intelectual de Carlos Guervós por los posibles delitos de encubrimiento de las conductas denunciadas.

Los denunciantes entienden que se ha vulnerado el Real Decreto 1434/1992 (art. 39) al no repartir a autores, productores y ejecutantes y apropiarse, (sin devolverlo a quien lo abonó originariamente) lo que la ley establece por importe total de MÁS DE CINCUENTA MILLONES DE EUROS, MÁS DE OCHO MIL MILLONES DE LAS ANTIGUAS PESETAS, sólo en estos dos años. Según la denuncia se ha incurrido en falsedad documental ya que las cuentas presentadas a los asociados y a la administración no coinciden, así como en un posible Fraude a la Hacienda Pública al declarar ante la administración pública una cantidad inferior para así obtener una mayor subvención. Posible fraude a los asociados, autores, productores y artistas, al no coincidir lo declarado con lo cobrado.

La denuncia se origina ante la publicación por el Ministerio de Cultura de las cantidades declaradas por las diversas entidades de gestión de lo recaudado por copiaprivada, llamado más popularmente “canon digital”. En concreto la disonancia contable y la sospecha surgen de la Subdirección General de Propiedad Intelectual y su informe sobre las cantidades recaudadas y repartidas por derechos por copia privada por las entidades de gestión durante los años 2008 y 2009.

El ministerio de Ángeles González Sinde y las entidades de gestión pactaron que si el total de la recaudación por copia privada, no llegaba a los 100.000.000 de Euros, el Estado, el erario público, es decir, todos nosotros, pondriamos la diferencia hasta alcanzar esos 100.000.000 millones de Euros (dieciséis mil seiscientos treinta y ocho millones de las antiguas pesetas).

Pues bien, según los denunciantes, es aquí donde “algo falla” y se acrecienta la sospecha de una estafa en connivencia con Cultura para cobrar esos 100 millones de euros declarando menos ingresos que los que aparecen y se reflejan su propia documentación interna. La denuncia se acompaña de una pormenorizada documentación para acreditar las diferencias entre lo que se recauda y lo que se dice recaudar. Por ejemploEGEDA en la página 34 de su informe de gestión indica que las recaudaciones por copia privada del año 2008 son de 12 millones de euros, cuando la declaración incluida en el anuario a efectos de cobro ese año 2008 es de 8.851.000 €. Una diferencia de mil millones de las antiguas pesetas. Ahí es nada. Pero es un mero ejemplo de una práctica generalizada en la que aparecen formando parte de la denuncia otras entidades de gestión de derechos de autor, como la propia SGAE o CEDRO. Es aquí donde se le hace llegar al Fiscal Anticorrupción la voz de alarma:

Independientemente del no cumplimiento de la norma, entendemos que… o las declaraciones son inventadas… o las entidades están, con mala fe, ocultando en perjuicio de los autores, reteniendo y utilizando los ingresos para cosas diferentes de las que conforman la copia privada.

Recuerdan los denunciantes, además, que es de cumplimiento por lo que hace al reparto de lo recaudado deducir un 20% que se dedicará en partes iguales a obra social y fomento de la cultura. 30 millones de euros, que no forman parte de la denuncia pero que se “invita” a la fiscalía a examinar en otro procedimiento. Según los denunciantes con ese dinero “algunas Entidades de Gestión de ese capitulose pagan a los abogados que ponen las demandas del canon digital, se organizan actos lúdicos y congresos en defensa de la propiedad intelectual, se pagan asesores, viajes, dietas y se forma y beca a funcionarios públicos y finalmente se subvenciona directa o indirectamente a los partidos políticos mayoritarios (El PP lo puso en 2003, ElPSOE lo mantuvo, y CIU lo apoyó hasta las últimas consecuencias en ambos casos)”

Tampoco se entra a valorar si realmente se gasta la totalidad de ese 20%, ni qué se hace con las cantidades no repartidas por no haber socios conocidos a los que liquidar. Sea por ser fruto de recaudación de obras de dominio público, obras “creative commons” o simplemente que no se encuentra al autor, y que no se devuelven al inicial pagador, ni se descuentan del montante que la caja pública se ha comprometido a liquidar. Este asunto, las cantidades no devueltas a los pagadores será fruto, con toda probabilidad, de otra denuncia.

Los denunciantes también quieren saber, obviamente, si la diferencia de lo declarado hasta los 100.000.000 de Euros se ha abonado ya, y si así ha sido, quién lo ha cobrado y cómo se ha repartido y ¿Cómo es que no está reflejado en los estados contables de las entidades de gestión?.

En resumen la denuncia considera que se ha vulnerado la ley al no repartir el dinero recaudado entre autores, productores y ejecutantes, y apropiarse (sin devolverlo a quien lo abonó originariamente) lo que la ley establece por importe total de MÁS DE CINCUENTA MILLONES DE EUROS, MAS DE OCHO MIL MILLONES DE LASANTIGUAS PESETAS, sólo en estos dos años. Según la denuncia se ha incurrido en falsedad documental ya que las cuentas presentadas a los asociados y a la administración no coinciden y se ha producido un posibleFraude a la Hacienda Pública al declarar ante la administración pública una cantidad inferior para así obtener una mayor subvención. Así como también se denuncia el fraude (o estafa) ocasionada a los asociados, autores, productores y artistas, al no coincidir lo declarado con lo cobrado.

El Fiscal Anticorrupción tiene la “palabra”.

vía Cruce de denuncias por el canon digital · ELPAÍS.com y Denuncian ante la Fiscalía Anticorrupción una gran estafa en relación con el canon digital.

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Dont Make Me Steal es una interesante propuesta: Puedes ir y declarar tu promesa de no volverte a bajar música ni películas, siempre que los comerciantes cumplan con unas condiciones mínimas de precio, disponibilidad, idiomas, opciones, fechas y derechos.

La propuesta es mejorable, pero tiene mucho sentido como educación para los titulares de los derechos: Queremos daros nuestro dinero a cambio de poder tener vuestra música o cine en condiciones no abusivas.

vía Barrapunto | Dont Make Me Steal: el manifiesto de consumo de medios.

La Quadrature du Net ha obtenido acceso exclusivo a los telegramas diplomáticos de EE.UU. filtrados por WikiLeaks con respecto al Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA). A pesar de que sólo dan cuenta parcial de la historia de este acuerdo negociado en secreto, estos telegramas arrojan una interesante luz sobre la precedencia de la existencia de ACTA. Se muestra el papel primordial de los EE.UU. en el advenimiento de esta extremista imposición de sanciones violentas contra los ciudadanos y sus derechos fundamentales. Los telegramas exponen las apuestas y debates en torno a la participación de los países en desarrollo, así como la evolución de la posición de la Unión Europea durante las negociaciones. [En inglés]

vía WikiLeaks Cables Shine Light on ACTA History | La Quadrature du Net.

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The Pirate Bay prepara un espacio en el que los usuarios podrían compartir música con total libertad. El portal ha activado el dominio fear.themusicbay.org y está trabajando en el desarrollo del sistema. Se espera que para abril de este año se ponga en funcionamiento.

El proyecto está en fase de desarrollo pero ya ha generado una gran expectación, y mientras la industria de la música está pendiente del próximo servicio de The Pirate Bay y cómo podría afectar a sus intereses. Por el momento no se han dado detalles de su funcionamiento, pero responsables de Pirate Bay han asegurado que supondrá una revolución para el mercado de la música. En el enlace activado se puede leer “muy pronto”.

“La industria musical no puede ni siquiera imaginar lo que estamos planeando lanzar en los próximos meses. Durante años se han quejado de la ‘piratería’, pero si alguna vez han tenido una razón para tener miedo, es ahora” han sido las palabras de un miembro del portal recogidas por Torrent Freak.

The Pirate Bay ha sido una página muy cuestionada por parte de las grandes productoras. Las empresas han tachado al portal de ser un espacio que desarrolla la llamada ‘piratería’ en Internet y por eso han luchado por su cierre.

The Pirate Bay ha sido denunciada en varias ocasiones, y sus responsables condenados en Suecia, pese a lo que ha continuado con parte de sus actividades.

La nueva web relacionada con música estará lista en abril. La intención de los responsables del proyecto es que el portal esté listo justo para el 78 aniversario de la Fundación internacional de la industria fonográfica (IFPI), organización que ha centrado sus esfuerzos en la lucha contra las dercargas e intercambios no autorizados de material protegido por derechos de autor.

Los desarrolladores, sin embargo, no han querido dar detalles de su funcionamiento aunque han dado a entender que podría ser una forma revolucionaria para compartir música en la Red.

vía The Pirate Bay prepara una nueva plataforma para compartir música | Navegante | elmundo.es.

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Adigital, que integra a más de 500 empresas españolas de la economía digital considera que la reintroducción con modificaciones, a través del Senado, de la disposición adicional conocida como “Ley Sinde” es una mala noticia para la creación de nuevo tejido empresarial en el entorno de los nuevos medios y los contenidos digitales, ya que crea una enorme inseguridad jurídica.

Las consecuencias para nuestro país si finalmente se aprueba, como parece indicar el sentido del voto de los partidos en el Senado, no tardarán mucho en verse, al añadirse innecesarias dificultades al desarrollo, ya de por sí difícil, de las compañías dedicadas a lo digital. Como ya se ha advertido, esa aprobación también aumentará la inseguridad jurídica para el desarrollo de nuevos negocios.

Muchos emprendedores digitales estarán expuestos a demandas temerarias que, aunque finalmente ganen, pondrán en serio peligro el desarrollo de sus modelos de negocio en nuestro país, al poder ser bloqueados de forma tan fulminante como la que prevé la disposición.

Es muy preocupante también el hecho del que el texto, pactado entre las dos principales formaciones políticas, evidencia, desde nuestro punto de vista, una gran falta de conocimiento y sensibilidad en los planteamientos jurídicos necesarios para apoyar la creación de empresas de este sector, y, por tanto, de nuevos puestos de trabajo en España.

En este sentido, Adigital va a plantear una consulta a la Comisión europea sobre si la modificación propuesta supone una vulneración o mala incorporación de la Directiva europea de Comercio electrónico, al plantear nuevas excepciones al principio de libre prestación de servicios (la propiedad intelectual), que no están contempladas en la Directiva europea y por la que se pueden adoptar medidas tan graves como la interrupción de cualquier servicio de la sociedad de la información.

Adigital apela al sentido común de los políticos, para que hagan lo posible por dejar sin efecto las peores consecuencias del pacto que han logrado y reconduzcan la necesaria protección de la propiedad intelectual en el marco de la protección de los nuevos modelos de negocio en el entorno digital.

Si no se hace así, no habrá de extrañarse nadie, cuando los indicadores que muestran el retraso de nuestro país en todo lo relacionado con la innovación y las industrias digitales, sigan distanciándose en relación a los de otros países de nuestro entorno.

Asimismo Adigital se ofrece para, desde el diálogo, que no ha sido posible en esta ocasión, ayudar, con la experiencia adquirida por compañías conocedoras del terreno digital, a avanzar en la legislación necesaria para asentar unos cimientos sólidos para el futuro digital del país.

vía Asociación Española de la Economía Digital – Detalle Contenido – adigital.

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Según la compañía, los derechos de autor que debe pagar en España si se establece son abusivos. Representarían un coste de 2 a 3 veces mayor que esos mismos derechos en países como Francia o Alemania.

Es habitual escuchar que los grandes estudios de Hollywood miran con malos ojos a España por los altos índices de piratería que se registran. Que por eso no apuestan por nuestro país para distribuir películas o series. Que por eso los nuevos videoclubs online no quieren atravesar nuestras fronteras.

Un servicio competente de cine y series online representaría una gran alternativa mucho menos costosa que distribuir discos físicos. ¿El motivo de que no haya tal transición en nuestro país? ¿La piratería? Puede que en parte. Pero un gran escalón son los precios que hay que pagar por los derechos.

Al menos es un de los principales problemas a los que se enfrentan compañías comoNetflix. Evidentemente la piratería también es un problema para esta empresa de distribución de películas online pero peor aún es que se tengan que enfrentar a un escollo como es pagar cantidades infladas por derechos de autor.

Netflix es uno de los reyes del nuevo sector de la distribución digital. Actualmente opera en Estados Unidos, donde dispone de una cartera de nada menos que 100.000 títulos y 10 millones de suscriptores. La empresa está valorando dar el salto a nuestro país, entre otros países de la Unión Europea, y la cosa está complicada.

Según la Asociación de Internautas, que ha tenido acceso a algunos datos preliminares de un sondeo de Netflix, la compañía “ve cada vez más difícil entrar en nuestro país” debido a que los “abusivos derechos de autor en España representarían un coste de 2 a 3 veces mayor que esos mismos derechos en los países de nuestro entorno, como Francia o Alemania”.

De esta forma, la asociación ha criticado en un comunicado no solo la actual gestión de los derechos de autor sino también la llamada ‘Ley Sinde’ y la política de cierre de webs para combatir la piratería. “Técnicamente la Ley Biden-Sinde no sirve para nada. Se sirve del mismo esquema que provocó el cierre de Napster”, sostienen.

En este sentido, recuerdan cómo aquél caso no solo no fue útil sino contraproducente porque “provocó la multiplicación de webs de descargas”. “Si se cierran esas webs, surgirán otras“, opinan desde la Asociación de Internautas.

Si los diferentes gobiernos de este país “hubieran centrado sus esfuerzos en promover realmente el desarrollo de la Sociedad de la Información en España en lugar de obstaculizarla, es más que probable que hoy día existiera un Netflix netamente desarrollado en España y que fuera líder europeo en la venta de contenido online”, lamenta la asociación.

vía Netflix considera que los derechos de autor en España son exagerados – Internet – Noticias, última hora, vídeos y fotos de Internet en lainformacion.com.

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Hola Alejandro,

Hace muchos días que ando dándole vueltas a la ley Sinde, a los derechos de autor, y leyendo tus desafortunados tweets. Ahora que tengo las tres cosas juntitas, déjame que te comente algunas cosas.

Soy científico, investigador del Centro Nacional de Biotecnología y actualmente “Visiting Assistant in Research” en la Yale School of Medicine, en New Haven, Connecticcut.

Trabajo en el desarrollo de  vacunas para el tercer mundo, centrando mis esfuerzos en la Leishmaniasis, una enfermedad olvidada que mata e incapacita en África, Asia y Sudamérica. Sí, esos mismos sitios para los que, de vez en cuando, puedes montar una parranda benéfica. Y aunque no lo sepas (y muchas personas no lo saben) es esa enfermedad que hace que miles de pobres niños tengan el vientre hinchado y mueran. La misma que hace que sus padres no puedan trabajar. Entre nosotros, ese tipo de enfermedades que hace que el tercer mundo siga siendo tercer mundo.

Cuando consigo que mi trabajo funcione, tras muchísimas horas de laboratorio exponiéndome a múltiples riesgos para mi salud, intento publicar mis resultados. ¿Sabes lo que pasa cuando lo hago? Que la revista se queda con todos mis derechos de autor. CON TODOS. Si quiero, no sé, poner una figura de mi trabajo en algún otro formato, tengo que pedir permiso. Por mi figura. Por mi trabajo. Y te hablo de figuras en blanco y negro. En color no podemos pagarlas.

¿Sabes por qué? Porque PAGO POR PUBLICAR. Sí, en serio, lo hacemos. Mi laboratorio tiene que pagar para poder difundir los avances científicos que puedan curar a esos niños o a sus padres en el futuro. PAGO POR PUBLICAR y tengo que pedir permiso por mi figura, por mi trabajo.

Ahora podrías meter en 140 caracteres que luchar por mis derechos no me impide que tu lo hagas por los tuyos, yo seguiría leyendo.

Desde que el hombre es hombre, desde que el ser humano es humano, ha demostrado que necesita expresar sus sentimientos. Y de ahí surgió el arte. También, al mismo tiempo, surgieron las preguntas de qué hacía aquí. Los famosos “de dónde vengo, quién soy, y a dónde voy”.

Y es que las dos cosas, ciencia y arte, son humanas, pero no por ello profesiones.

Mira, no sé, 100 o 200 años atrás. El arte lo hacía el que podía permitírselo. Y la ciencia también. Hasta Darwin descubrió el origen de las especies en un tour por el mundo, en el que vio que los pinzones de unas islas tenían los picos más grandes que otros. La gran revolución científica vino de un viaje de alguien que pudo permitírselo.

Ahora, industria mediante, los artistas cobran por entretener y los científicos cobran por descubrir cosas. Una maravilla para los que no somos de familias ricas y queremos hacer ciencia o arte.

Yo me he quejado y mucho de mi falta de derechos. De intentar defender lo que ahora, para mí, es más que un reconocido trabajo. Y también creo cosas.

La diferencia es que yo con un salario tengo. Y lucho por un salario digno. QUE ME PAGUEN POR MI TRABAJO. No creo que tenga sentido que me paguen tiempo después por mis logros. Te recuerdo que lo que yo quiero es una vacuna para el tercer mundo. Y pagar mis facturas. No quiero ningún rendimiento extra que no me merezco. No quiero derechos de autor, quiero que mis avances sigan derechos a conseguir su objetivo.

Entiendo que quieras que te paguen por tu trabajo. Y deberías (que lo haces) negociar lo que te paga una discográfica por grabar un nuevo disco. O que defiendas tu caché en los escenarios. Pero cobrar también impuestos sobre los CD´s , discos duros, lo-que-sea que la S.G.A.E. quiera inventar para sangrar al ciudadano medio, perdóname muy mucho, pero yo, lo veo excesivo. Intentar lanzar una ley que te permita cobrar más de lo que te toca porque la industria que a ti te trata bien se está muriendo, lo siento, pero no. Limitar las libertades individuales para maximizar vuestro beneficio no es justo.

¿Sabes por qué tengo un blog de divulgación científica? Para que el mundo vea que la ciencia es importante. Para que posiblemente en el futuro sea una profesión digna. Yo no busco hacerme rico. Yo no quiero recortar libertades. Yo lucho por cambiar la industria que hace que mi actual profesión me obligue a tener otra con la que, juntas, poder pagar las facturas.

Y por favor, no vuelvas a comparar los derechos a recibir medicamentos de los niños pobres con el derecho a declarar culpable de piratería a diestro y siniestro. Que ya lleváis demasiado tiempo cobrando por ello. Renovaros o morid. Pero no hables de los que de verdad mueren aunque de vez en cuando reciban tu calderilla.

Atentamente,

Lucas Sánchez.

vía Carta Abierta a Alejandro Sanz | Sonicando.

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Estados Unidos piensa que el Gobierno español no hace suficiente contra la piratería. Es más, considera un claro paso atrás que el Congreso bloqueara hace apenas semanas la denominada Ley Sinde, que preveía el cierre de sitios web que faciliten las descargas no autorizadas. “Claro que estamos decepcionados. Y no nos gustaría ver que la ley se debilita”, aseguró ayer Justin Hughes, asesor del subsecretario de Comercio para la Propiedad Intelectual de Estados Unidos. “No se pueden librar batallas de meses para hacer cumplir la legalidad”, zanjó en defensa de la normativa incluida en la Ley de Economía Sostenible y que finalmente no salió adelante.

Hughes admite que la lucha contra la piratería y la defensa de la propiedad intelectual es un “punto difícil” en la relación de ambos países. No obstante, advirtió que España “no es China” y está en medio de Europa. “Son los otros países europeos quienes están cuestionando a España por lo que está haciendo. Podemos decir más alto que hay que hacer algo, pero nuestra voz en los problemas domésticos de España es pequeña”, remachó. Durante su intervención en un foro organizado por la Cámara de Comercio de EEUU en España, dijo que esta pasividad está lastrando a España en términos de empleo, además de hacer retroceder su industria cultural.

El político estadounidense recordó que España figura en el Special 301 Report, donde EEUU relaciona a los países en función de su respeto de la propiedad intelectual. España figura en el segundo nivel de vigilancia, junto a países como Tajikistán, Ecuador, Vietnam o Uzbekistán. “No tengo ninguna duda de que España necesita hacer más. Como EEUU necesita hacer más”, dijo, reconociendo que en los últimos tiempos el Gobierno Zapatero ha afrontado el problema y tomando las iniciativas “con más vigor que en el pasado bajo el liderazgo de la ministra Sinde”. En este sentido, aseveró que el problema en España es que no se ha establecido un equilibrio entre la propiedad intelectual y la libertad individual.

También apuntó como una de las principales rémoras que tiene España la falta de colaboración de las empresas de telecomunicaciones en nuestro país. “No sé por qué, pero las telecos no están mostrando en España la voluntad de cooperación que sí tienen en otros países”, subrayó, añadiendo que este sector no parece tener “mucho interés en hablar abiertamente del problema”. Y minimizó las quejas de los internautas. “Deja que te cuente un secreto de político. Los minoritarios siempre dicen que no te escuchan lo suficiente. Eso aumenta tu influencia política. Forma parte del juego”, remachó. Se mostró partidarios de sanciones penales, y no meramente administrativas, “para que sean efectivas”.

Solomont: “La Ley Sinde es correcta”

El embajador estadounidense en España, Alan D. Solomont, tampoco se mordió la lengua. Durante su alocución, insistió en que la “la propiedad intelectual tiene que ser protegida” para asegurar la innovación, que es la clave para abrir la puerta de la inversión exterior. “La Ley Sinde es correcta y abona que España tenga una economía sostenible”, comentó, añadiendo que deben reforzarse los marcos legales en nuestro país. Cuantificó en 800.000 los empleos perdidos en los últimos años por la falta de respeto a la propiedad intelectual en España y estimó que un 50% de las exportaciones depende de que se avance en la buena dirección. Aseguró que la Administración Obama ha recurrido a un modelo de economía basado en la innovación para recuperar la economía y animó a que España siga esa senda.

Por su parte, Jaime Malet, presidente de la Cámara, subrayó las palabras de Hughes, haciendo hincapié en que en el extranjero existe “una percepción muy deteriorada de cómo se respeta la propiedad intelectual en España”, un sentimiento negativo para atraer inversión exterior. “¿Era la solución la Ley Sinde? No lo tengo claro, probablemente se necesitaría un mayor consenso, pero algo hay que hacer. Las compañías foráneas se quejan de que cuentan con muy poca protección”.

En esta línea, recordó que el problema ha enfangado la relación entre Estados Unidos y España en los últimos años. “El Comité de Propiedad Intelectual del Senado estadounidense ya decía hace dos años que en España la piratería estaba adquiriendo el formato de epidemia. Qué duda cabe que es un tema grave en la agenda de ambos países. En todas las reuniones bilaterales se aborda la cuestión. Esa es la realidad”, apuntó. En su opinión es necesario un cambio cultural en la población española, que entienda que “robar ideas es robar”.

vía EEUU carga contra el Gobierno español por no sacar adelante la ‘Ley Sinde’ – elConfidencial.com.

Por segunda vez, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncia en una causa relacionada con el “Canon Digital”, o compensación por copia privada.

En este caso, el Tribunal de la Unión Europea ha procedido a dictar Auto de Archivo de la causa C-387/09 Egeda/Magnatrading, por reafirmarse en la Sentencia dictada anteriormente en el caso Sgae/Padawan y sin modificar una coma de la misma, tras ser oída la Abogada General, Sra. V. Trstenjak…

Dicho de otra forma, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ratifica en su sentencia anterior. Esta resolución del Tribunal viene a reforzar aún más la postura de todas aquellas personas, asociaciones, empresas e instituciones que no están de acuerdo con la aplicación indiscriminada de este gravamen digital en España y que están luchando por la modificación de la norma que lo regula. Entre ellas se encuentran, la Asociación de Internautas o @pemit (Asociación Española de Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías), asociaciones que participan conjuntamente en el movimiento Todos Contra el Canon, así como la plataforma ciudadana RedSOStenible.

Este hecho hace que el “Canon Digital”, a diferencia de lo que sostienen algunos que están dispuestos a negociar su aplicación, no es algo negociable, o que sea objeto de intercambio para poder apoyar otras iniciativas legislativas, como la ley Biden-Sinde tras ser rechazada en el Congreso de los Diputados.

Está claro que es necesario acometer con urgencia la modificación de la norma que lo regula, dejando bien claro en la misma, que no puede aplicarse a empresas, autónomos y administraciones públicas, evitando así, que se siga cobrando ilegalmente y el mantenimiento de una situación de inseguridad jurídica insostenible en un Estado de Derecho.

vía Segunda sentencia europea contra el “canon” digital | Kriptópolis.

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La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) tendrá un código de buenas prácticas, nombrará un defensor del cliente y no realizará acción alguna de carácter penal contra usuarios individuales o personas físicas en el ámbito digital. “Únicamente se actuará contra estructuras empresariales organizadas y donde el nivel de infracción resulte masivo”.

Estos son algunos de los puntos de su programa diseñado para 2011, según ha anunciado este lunes el presidente del Consejo de Dirección de la entidad de gestión, Eduardo Bautista en el desayuno informativo del Foro de la Nueva Cultura. Asimismo, Bautista advierte que la entidad está en un “proceso de cambio total”.

Bautista ha explicado que el citado código de buenas prácticas estará en línea con las principales recomendaciones de la Comisión Nacional de Competencia en lo que se refiere a las relaciones con empresarios que usan su repertorio.

Por otra parte, propondrá a la Administración del Estado una reforma de las competencias de la Comisión de Propiedad Intelectual para reforzar su papel de intermediario y regulador de conflictos con la intención de que se produzca una reducción importante “en la  litigiosidad que todavía existe”.

Junto a estos asuntos, la SGAE solicitará y propondrá que la Administración Pública, a través de agencia especializada, continúe en el examen de la eficacia de los órganos administrativos, AEVAL y mantenga la línea de Auditorias de su gestión del año. Esta Auditoria se añadirá a la que ya se realiza por auditores independientes anualmente y a la que anualmente realiza AENOR.

En ese decálogo de intenciones, la SGAE pretende intensificar la información (o transparencia) de sus sistemas de reparto con una explicación detallada de las reglas que se aplican para garantizar que el dinero que se cobra por el uso de las obras llegue a sus dueños, los autores.

Junto al resto de entidades de gestión colectiva propondrá constituir “una entidad única que aligere los trámites y trabaje de común acuerdo en los términos de las modificaciones que se lleven a cabo para adaptarnos al nuevo marco legislativo que resulte de la aplicación de la Sentencia del año pasado”, apunta Bautista.

vía La SGAE no actuará contra los usuarios individuales en el ámbito digital / PortalTIC.es.

En un momento en el que los ataques DOS (Ataque de Denegación de Servicio) y DDOS (Ataque de Denegación de Servicio Distribuido) están en el candelero por Wikileaks y la “ley Sinde”, el pasado día 23 de diciembre entró en vigor el nuevo Código Penal. Ahora incluye penas para los daños provocados en los sistemas informáticos, que a diferencia de antes, ya no tienen que ser daños físicos y basta con interrumpir, u obstaculizar el normal funcionamiento de los sistemas de terceros, de forma grave y no autorizada, para incurrir en un delito que puede castigarse con hasta dos años de cárcel, lo que incluye los ataques DOS/DDOS.

Para el que no lo sepa, así quedó redactado el artículo 264 de nuestro Código Penal a partir del 23 de diciembre de 2010 y lo pongo mediante copiar y pegar, ya que el desconocimiento de la Ley no exime de su más exacto cumplimiento:

“1. El que por cualquier medio, sin autorización y de manera grave borrase, dañase, deteriorase, alterase, suprimiese, o hiciese inaccesibles datos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos, cuando el resultado producido fuera grave, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.

2. El que por cualquier medio, sin estar autorizado y de manera grave obstaculizara o interrumpiera el funcionamiento de un sistema informático ajeno, introduciendo, transmitiendo, dañando, borrando, deteriorando, alterando, suprimiendo o haciendo inaccesibles datos informáticos, cuando el resultado producido fuera grave, será castigado, con la pena de prisión de seis meses a tres años.”

Aquí vemos que las claves de la discusión estarían en las palabras “de manera grave“, “obstaculizara o interrumpiera el funcionamiento de un sistema informático ajeno” y en “haciendo inaccesibles datos informáticos” y seguro que dicho esto, hay opiniones para todos los gustos. Pero no me cabe la menor duda, de que este artículo también se ha realizado pensando en penalizar seriamente ataques DOS/DDOS, como los que sufrió en su momento Menéame o Genbeta.

Desde mi punto de vista, con la redacción actual del Código Penal, queda a criterio del juez el decidir si se obstaculiza, o si se interrumpe un servicio, de forma grave, algo que puede ser muy vago y peligroso, sobre todo, cuando se produce una situación de alarma pública, o una elevada repercusión en los medios de comunicación. De esta forma, yo no veo muchos problemas para que la “gravedad del ataque” se pueda valorar en base a los resultados reales del mismo (caída del sistema, tiempo que está caído el sistema, las pérdidas económicas producidas, etc), o en base la efectividad de los medios utilizados para el ataque (número de peticiones por segundo desde una determinada IP, tiempo de mantenimiento de las peticiones desde una determinada IP, ejercer el control remoto de una “botnet”, el uso de un programa específico para realizad DOS/DDOS, etc), lo que añade más incertidumbre al asunto.

Es evidente, que si 3 millones de españoles “deciden” acceder al mismo tiempo a determinada página web, es muy probable que esta caiga y aunque el efecto pueda ser el mismo que un DOS/DDOS, poco se podrá hacer desde el punto de vista legal, salvo intentar inculpar al posible “autor intelectual” de dicho “acuerdo de acceso simultáneo a una web”, si es que se le identifica claramente, pero dudo que eso prosperase en un juicio. Al fin y al cabo, aunque con la acción anterior se persiga la caída del sistema, siempre podemos decir que dichos accesos eran “legítimos” y que individualmente, uno a uno, no pueden hacer caer el sistema. Más o menos, podemos decir que estamos en el caso de Fuenteovejuna y ¿cómo diferenciamos a los amotinados de los que intentaban acceder a la página, o con los que simplemente querían “comprobar” que estaba caída por mera curiosidad morbosa?.

Sin embargo, si un determinado número de usuarios está usando una herramienta informática, como LOIC (Low Orbit Ionic Cannon), que dependiendo de las características del sistema y el ancho de banda de la conexión, puede lanzar “x” peticiones por segundo contra un servidor, y mantenerlas durante un tiempo “y”, es muy probable, que si el resultado final es la caída total del sistema durante determinado periodo de tiempo, el Juez decida tomar algún tipo de medida contra los usuarios que están detrás de esas IP, al menos, para determinar su culpabilidad e implicación en los hechos.

Ahora bien, ya que la redacción actual del Código Penal no establece ninguna distinción, o condición adicional, para que un DOS/DDOS sea considerado como delito, me preocupa que el dolo, en derecho penal, sea tanto la intención en el obrar del sujeto (el uso deliberado de un programa específico para llevar a cabo un DOS/DDOS), como en la abstención de obrar con diligencia, cuando existe una obligación legal de actuar. Por ejemplo, cuando nuestro ordenador forma parte de una “botnet”, y un juez determina que somos culpables de no poner todos los medios técnicos a nuestro alcance para evitar que nuestro ordenador sea usado por terceros de forma maliciosa y como consecuencia de ello, alguna empresa, particular, o institución pública, haya sufrido un daño grave.

El abogado David Bravo ya ha comentado que los ataques DOS/DDOS, tal como el que ha sufrido la SGAE por parte de Anonymous en fechas recientes, a partir del día 23 de diciembre podrían ser calificados de delito, en lugar de ser un ilícito civil perseguible a instancias de parte y sancionable con una simple multa, no cabe duda de que el cambio es importante.

De todos modos, aunque al final el juez, con su superior criterio, determinase que no somos culpables de nada por ser meras víctimas inadvertidas de una “botnet”, parece probable, que si nuestra IP aparece en el listado de los atacantes como muy activa (por número de peticiones por segundo, o por el tiempo que se han mantenido dichas peticiones), nos podemos ver inmersos en una molesta investigación judicial en la búsqueda de los culpables reales del ataque. Esto puede implicar que nuestros sistemas sean intervenidos por el juzgado para su análisis o peritación y que tengamos que explicar muchas cosas a las Fuerzas de Seguridad del Estado especializada en delitos telemáticos mientras dure la investigación de los hechos.

Aunque parezca algo remoto y consideremos que no es probable que estamos afectados por este problema, la realidad, según denuncia Microsoft en un informe reciente, España está a la cabeza mundial de los sistemas infectados para que formen parte de “botnets”, con una estimación de casi 382.000 ordenadores afectados. Ordenadores, que pueden ser utilizados para la realización de los delitos telemáticos más variados y que desde el pasado 23 de diciembre, forman parte del Código Penal.

No hay que ser un lince, para pensar lo que esta situación puede suponer, desde el punto de vista legal, para algunos usuarios descuidados. Así que si no estamos seguros de la seguridad real de nuestro sistema en este momento, nos podemos preguntar: ¿Somos uno de los usuarios afectados por malware? ¿Mi ordenador forma parte de una “botnet”? ¿Por qué parpadean las luces de mi ADSL cuando creo que no deberían hacerlo tan rápidamente?.

Desgraciadamente, como denunciaba Hispasec en 2007, la seguridad no era una prioridad para los usuarios, pero a finales de 2010, con un malware mucho más sofisticado y complicado de detectar por los antivirus, parece que la seguridad sigue sin ser una prioridad para los confiados usuarios españoles. Claro que ahora, con el Código Penal en la mano, puede que esos mismo usuarios, antes felices y despreocupados, tengan unos buenos motivos para aprender un poco más de seguridad informática y para ser más cautos con el software que corre de forma advertida o inadvertida en sus sistemas informáticos. ¿No creen ustedes?

vía Nuevo Código Penal: ¿Será un problema para más de 382.000 españoles? | Kriptópolis.

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El presidente de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), Luis Berenguer, ha anunciado que el organismo que dirige ha incoado un expediente sancionador contra la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) por posibles tarifas abusivas.

En la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados, Berenguer explicó que el 25 de enero de 2010 tuvo entrada en la Dirección de Investigación de la CNC un escrito de denuncia de tres restaurantes contra la SGAE por un supuesto abuso de posición de dominio en la aplicación de sus tarifas para bailes de boda.

Tras un periodo de información reservada, con fecha 29 de noviembre de 2010 la Dirección de Investigación acordó la apertura de un expediente sancionador contra la SGAE por posibles conductas restrictivas a la competencia.

Estas conductas consistirían en la aplicación de tarifas abusivas en relación a la autorización de la comunicación pública de obras musicales en bailes celebrados con motivo de bodas, bautizos y comuniones, o en los que el acceso de los asistentes se realice a través de invitación personal.

La apertura del expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Se abre ahora un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por el Consejo de la CNC.

vía Competencia expedienta a la SGAE por tarifas abusivas en los bailes de bodas | elmundo.es.

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Tanto si eres Empresa, como si eres Administración Pública, y has estado pagando a las sociedades gestoras de derechos de autor una compensación económica llamada “canon digital”, por unos supuestos perjuicios que en realidad nunca has podido provocar. Es momento de recuperar esos “eurillos de nada”, comprueba si la ley respalda tu caso concreto.

La LPI dice literalmente que sólo las personas físicas pueden hacer copias privadas de materiales protegidos por derechos de autor, sólo estas pueden producir perjuicios compensables económicamente con el “canon digital”, y por tanto, sólo estas son responsables de “indemnizar” a esos autores. A pesar de esto, y de las sentencias judiciales que, en España, han justificado la devolución de lo indebidamente pagado en concepto de “compensación equitativa”, las asociaciones gestoras de derechos de autor han continuado utilizado sus privilegios para exigirlo, incluso, de formas, digamos, poco ortodoxas: (“carta SGAE y otros, reclamando canon. Agosto 2003”)

Desde que se iniciara la cruzada contra el canon digital, la LPI ya establecía claramente lo que debía considerarse “copia privada” y, sobre todo, por exclusión, lo que no. El concepto de “copia privada” no ha sido nunca un saco sin fondo, según la Ley no se podía cobrar canon por conceptos diferentes a éste. En este sentido, hay que decir que si el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, mucho menos, lo puede hacer una interpretación torticera de la Ley, amparada además en un abuso manifiesto de “privilegios” legítimos.

El TJUE, al ratificar la literalidad de nuestra LPI, acorde con la normativa comunitaria, ha puesto freno inmediato a un cobro indiscriminado del canon digital, pero también, ha dado voz y voto a quienes hasta ahora estaban acatando órdenes de las asociaciones gestoras de derechos de autor, intimados por cuantiosas e interminables demandas judiciales, y por el respaldo gubernamental que públicamente exhibían para dar “legitimidad” a esas actuaciones.

Las cantidades aplicadas como “canon” a los soportes y equipos digitales adquiridos por personas jurídicas, son ilegales, ya se pueden reducir de forma proporcionada los precios de los servicios/productos de empresas para los consumidores y, los presupuestos públicos invertidos en este tipo de materiales en la Administraciones. Además, es posible exigir oficialmente la aplicación literal, legal y vigente, del concepto de “copia privada” en España, y recuperar lo pagado indebidamente. Si quiere aclaraciones sobre su caso concreto, los expertos de la Asociación de Internautas podrán guiarle.

MODELO DE RECLAMACIÓN PARA RECUPERAR EL CANON DIGITAL INDEBIDAMENTE PAGADO POR ADMINISTRACIONES, EMPRESAS, EMPRESARIOS INDIVIDUALES

Sres.
SGAE, Sociedad General de Autores y Editores
Fernando VI, 4
28004 Madrid

EGEDA, ENTIDAD DE GESTION DE PRODUCTORES AUDIOVISUALES
Luis Buñuel, 2-3ª Edificio EGEDA – Ciudad de la Imagen -
28223 Pozuelo de Alarcón – MADRID

Atentamente,

Para más información y consultas:

Defensor del Internauta : defensor@internautas.org

vía Reclama el canon digital de tus facturas desde 2003..

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“Entendemos que las Administraciones Públicas tienen la obligación de reclamar este dinero”. Así se pronunció ayer el secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, Antonio Clemente, después de acordar con los representantes municipales de 110 ayuntamientos una estrategia legal para exigir en los tribunales a la SGAE y a otras seis entidades de gestión de derechos de autor el canon digital que han estado cobrándoles de manera ilegal, según una reciente sentencia del Tribunal de Luxemburgo.

Clemente incluyó como posible reclamante a la Generalitat, que ha pagado millones de euros de canon -por ejemplo, los juzgados graban cada día centenares de juicios en DVD por los que paga un canon de 0,3 euros por hora de disco-, pero el Ejecutivo de Francisco Camps, que tiene una muy buena relación y proyectos conjuntos con la SGAE, no se pronunció sobre tal posibilidad.

“Supongo que se sumarán ayuntamientos e instituciones de toda España”, afirmó Clemente. De hecho, varios ayuntamientos de Baleares, Cataluña, Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha están votando ya acudir a los tribunales. Incluso el Parlamento de Baleares adoptó ayer un acuerdo por unanimidad para exigir la devolución del canon.

Gestión de los derechos

A la reunión de ayer con los representantes municipales asistió el abogado que logró la sentencia europea, Josep Jover, quien cifró en “unos 50 millones”, lo que las entidades de gestión de derechos deben a los 110 mayores municipios valencianos. Como referencia, Teulada (Alicante), con 14.200 habitantes, reclamará unos 150.000 euros, según Jover, que representa legalmente al primer consistorio que ha aprobado la reclamación.

El PP presentará mociones en los 540 municipios valencianos y los que la aprueben deberán calcular cuánto han pagado de canon, según explicó el vicesecretario general del PPCV, José Císcar. Tras ello, presentarán demandas en los juzgados de primera instancia. La demanda tipo será facilitada por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias e irá dirigida de forma solidaria contra las siete entidades que reciben el canon. Según Císcar, no se descarta demandar al Estado como responsable subsidiario.

Mientras tanto, la Asociación de Internautas ha llevado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid las declaraciones de Ignacio Guardans, destituido como director del Instituto de la Cinematografía, que denunció la existencia de un fraude en las ayudas al sector del cine.

vía Oleada de demandas autonómicas y municipales contra el canon de la SGAE.

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Cualquiera puede vender tranquilo un suéter con un cocodrilo cosido en la pechera imitando a una conocida marca, unas gafas de sol falsificadas o un cedé pirata de Bisbal. Nada le ocurrirá, pues los jueces consideran desde hace algún tiempo que «todo el mundo sabe que el género que ofrecen es de imitación y de peor calidad», que a las marcas «no les supone perjuicio económico alguno» y que la venta ambulante «es lo único que a muchos de los vendedores les da de comer».

Nada menos que el Tribunal Supremo está de parte de todo aquel que se gana la vida ofreciendo en el puesto de un mercado o en la misma calle un producto que intenta simular o pretende ser lo que no es. Los jueces han entendido que no había razón legal para que los manteros o comerciantes que mueven ese tipo de género fuesen castigados con tal severidad. Eso se acabó. A fuerza de dictar sentencias absolutorias, ya ningún tribunal condena al mantero, ni a prisión ni a indemnizar a las productoras, cantantes o grandes firmas de moda. Ejemplo de cómo se comportan hoy en día los jueces se vio en una sentencia dictada la semana pasada por el Juzgado de lo Penal número 1 de A Coruña, en la que dejaba sin castigo alguno a la propietaria de tres puestos del mercado coruñés de Santa Lucía. Antes del juicio, el representante de la marca Tommy Hilfiger le exigía a la vendedora una indemnización de 27.000 euros. El de Burberry se conformaba con 3.600 euros. No como el de Levi Strauss, que aspiraba a 50.000. En total, esas y otras casas pretendían ser resarcidas con un cuarto de millón de euros. Y el fiscal, por su parte, quería que la procesada fuese condenada a 15 meses de cárcel como autora de un delito contra la propiedad industrial. Defendida por el letrado Ramón Sierra, la mujer ni pisará la cárcel ni tendrá que dar un céntimo a las grandes compañías. El juez, como todos sus colegas, echó mano de la jurisprudencia del Tribunal Supremo para absolver a la imputada.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) ha declarado hoy que el canon digital que se aplica en España a todos los equipos de reproducción digital como compensación a los creadores por la copia privada no está en línea con la legislación comunitaria.

“La aplicación del ‘canon por copia privada’ a los soportes de reproducción adquiridos por empresas y profesionales para fines distintos de la copia privada no es conforme con el Derecho de la Unión”, señaló la Corte con sede en Luxemburgo en su sentencia de hoy.

vía El Tribunal de la UE declara ilegal el canon digital aplicado en España

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La abogada general, Verica Trstenjak concluía (pdf) el pasado mayo que un sistema nacional que prevé la aplicación indiscriminada de un canon por copia privada a todos los equipos, aparatos y materiales de reproducción digital no es compatible con el artículo 5, apartado 2, letra b), de laDirectiva 2001/29, por cuanto dejaría de existir una adecuada correspondencia entre la compensación equitativa y la limitación del derecho por copia privada que la justifica, dado que no puede presumirse que dichos equipos, aparatos y materiales se utilicen para la realización de copias privadas.

El dictamen viene propiciado por el caso que enfrenta a la SGAE con la empresa Padawan, que comercializa material de reproducción y almacenamiento digital. La empresa Padawan S.L., que opera en el mercado con el nombre comercial de Traxtore, fue condenada en el año 2007 a indemnizar con 16.759,25 euros, además de intereses y costas, a la Sociedad General de Autores y Editores, por las cantidades devengadas en concepto de canon digital.

La Sección 15 de la Audiencia de Barcelona, que debía conocer de la apelación presentada contra la mencionada sentencia, consideró a diferencia del Juzgado de lo Mercántil 4 de Barcelona, que dictó la sentencia de primera instancia que existían motivos, como solicitaba la empresa condenada, para plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia comunitario. El 21 de octubre, será. El canon de la SGAE ante la Justicia Europea.

vía El 21 de octubre el canon digital que se aplica en España puede ser declarado ilegal.

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Anonymous, a través del imageboard 4chan y otros medios, ha convocado un ataque DDoS contra la SGAE. El ataque forma parte de la llamada Operation Payback, motivada inicialmente por el juicio contra The Pirate Bay y por los bufetes de abogados ingleses que se dedican a enviar cartas de amenazas legales a supuestos usuarios de P2P, exigiendo el pago entre 300€ y 600€ para evitar el juicio y repartiendo las ganancias entre los titulares de derechos, la empresa de monitorización y los abogados. Los ataques han golpeado la RIAA, MPAA, AFACT, ACS:Law, Gallant Macmillan, Ministry of Sound, Aiplex Software y otros.

Se rumorea que Anonymous planea atacar también al Ministerio de Cultura durante los próximos días.

Más información sobre los ataques pasados en TorrentFreak. Entrevista a miembros de Anonymous en el blog de Pandalabs.

NOTA 1: www.pajareo.com no está involucrado en ningún ataque. Esta noticia es meramente informativa.
NOTA 2: A la hora de redactar esta nota (18 H. hora española), tanto la web de la SGAE como la del Ministerio de Cultura están caídas.

vía Anonymous declara la guerra a la SGAE | Hacktivistas.

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La SGAE y otras seis sociedades similares han sido denunciadas ante la Comisión Europea por más de 1.200 tiendas de informática por un supuesto abuso de posición dominante y vulneración del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), según recoge el diario El Economista.

Según el colectivo, estas entidades operan en régimen de monopolio, imponen sus tarifas de forma arbitraria y no están sujetas a ningún tipo de control por parte del Estado. Una denuncia que también han dirigido hacia España, por haber permitido este tipo de actuaciones a través de la aprobación de una normativa para regular la propiedad intelectual y el canon digital.

Las tiendas de informática esperan que se constate la existencia de dichas infracciones y que se ordene, tanto a las propias entidades de gestión como al gobierno de España, que pongan fin a dichas irregularidades. Además de la SGAE, también están denunciadas Aisge, entidad que presidePilar Bardem para la defensa de los derechos de los actores; AIE, Egeda, Cedro y Vegap.

Reincidentes

No es la primera vez que estas entidades se enfrentan a una denuncia. Anteriormente, la Comisión Nacional de la Competencia les ha impuesto ya varias multas por prácticas monopolísticas y por tarifas abusivas. Una de ellas por cobrar a las televisiones privadas hasta diez veces más que a RTVE. Incluso ha llegado a elaborar un informe en el que instaba al gobierno a revisar la Ley de Propiedad Intelectual para garantizar “un marco claro y predecible para los agentes“.

Según el regulador, la posición monopolística de las entidades de gestión “reduce sus incentivos a operar de modo eficiente, facilita el establecimiento de tarifas discriminatorias y obstaculiza las actividades que realizan los usuarios“. Competencia, por su parte, considera que, con la obligación de una gestión colectiva de los derechos, no sólo se impone una “clarísima barrera de entrada a la competencia“, sino que además se favorece el que las entidades puedan fijar las tarifas atendiendo tan sólo a su propio criterio.

Sin embargo, el actual gobierno de España no ha atendido estas recomendaciones y no ha manifestado intención alguna de modificar la ley ni actuar contra los autores.

Posibles consecuencias

Tras recibir la denuncia, los expertos de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea deben ponerse en contacto tanto con las entidades de gestión como con el Gobierno español para pedirles su versión y reunir la información necesaria para adoptar una decisión.

Si Bruselas ve indicios de que efectivamente se está infringiendo el Derecho comunitario, podría abrir expediente de infracción, exigiendo al Estado que modifique su trato a las sociedades de autor. En el caso de que España se negara, el asunto podría terminar ante el Tribunal de la UE.

La entrada en vigor del Tratado de Lisboa agiliza la posibilidad de imponer multas millonarias a los Estados de la UE, pero éstas pueden tardar años en llegar y deben ser previamente avaladas por los jueces comunitarios.

Respecto a las propias sociedades de gestión, si Bruselas llega a la conclusión de que están al margen de la legalidad y que incurren en un abuso de posición dominante, les haría llegar un pliego de cargos y les emplazaría formalmente a ejercer su derecho de defensa. Bruselas podría simplemente conformarse con exigir cambios en su comportamiento, o también optar por la imposición de multas millonarias en función de los ingresos de las sociedades. No obstante, cualquiera de las decisiones de Bruselas podrían ser recurridas ante la Justicia comunitaria.

A la espera del Tribunal de Luxemburgo

La postura de la SGAE es la más complicada, puesto que ésta se encuentra a la espera de una resolución del Tribunal de Justicia de Luxemburgo que, a raíz de una cuestión prejudicial presentada por la Audiencia Provincial de Barcelona, debe valorar si las empresas deben pagar o no el canon digital.

La abogada general del tribunal apoya la existencia del pago de esta compensación por la copia privada de contenidos digitales, aunque ha cuestionado de forma clara y contundente que las compañías, despachos y profesionales tengan que abonarla.

A la espera de la resolución final que se dicte en Luxemburgo, las entidades de gestión se han apresurado a afirmar que si las empresas no pagan el canon, los particulares tendrían que abonar tarifas aún mayores que las existentes en la actualidad.

vía La SGAE, denunciada ante Bruselas por prácticas monopolistas – FACUA.org – Publicidad y comercio.

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Estamos ante la versión más actualizada del ACTA, un documento confidencial y restringido. Esta versión fue actualizada en la última ronda de negociaciones celebrada en Lucerna (Suiza) y lleva fecha del 1 de julio de 2010. Por lo pronto el texto insiste en asegurar a los titulares de derechos la capacidad de solicitar medidas cautelares contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir un derecho de propiedad intelectual.

El artículo 2.14 contempla las sanciones penales de las que no se han caído las penas de prisión. El artículo 2.18 está diseñado específicamente para dar forma a la responsabilidad de los intermediarios técnicos y la movilización de los supuestos de responsabilidad de estos.

El texto requiere la cooperación mutua entre los ISP (proveedores de internet) y los titulares de derechos. Los ISP estarían obligados a revelar rápidamente la identidad de un abonado al titular de los derechos vulnerados, previa solicitud de las autoridades judiciales. El texto sacraliza los DRM penalizando duramente cualquier acción encaminada a eludirlos. La sanción penal por el intercambio de archivos no está necesariamente ligada a un intercambio comercial.

Hemos profundizado en algunos aspectos del farragoso texto que en ocasiones se hace casi indescifrable.

Aclaración: Lo que aparece entre corchetes significa que son textos en “disputa” entre las partes negociadoras de cada país o institución (UE). Hemos seleccionado algunos extractos “fundamentales” del documento para una valoración que sigue “abierta”.

Sección 2: Medidas en frontera [...]

1. 1. Esta sección establece las condiciones de intervención de las autoridades competentes cuando las mercancías sospechosas de vulnerar derechos de propiedad intelectual, en el sentido de este acuerdo, que sean importados, exportados, en tránsito o en otras situaciones en que las mercancías se encuentran bajo vigilancia aduanera.

2. 2. A los efectos de esta sección, “mercancías que vulneran un derecho de propiedad intelectual”: las mercancías que infrinjan cualquiera de los derechos de propiedad intelectual cubiertos por los ADPIC (derechos de propiedad intelectual).

2.14: Sanciones y penas (prisión)

1. 1. Cada Parte establecerá procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas o derechos de autor o derechos conexos a escala comercial.

[3. Cada Parte establecerá procedimientos y sanciones penales que se aplicará a toda persona que, sin autorización del titular de [derechos de autor o derechos conexos] en [Mor: una obra audiovisual, incluyendo] una [obra cinematográfica puede: o] director de teatro [a sabiendas] [EE.UU.: utiliza un dispositivo de grabación audiovisual para transmitir o hacer] una copia de la obra cinematográfica o audiovisual, o parte de ella, de una interpretación o ejecución de la obra cinematográfica o audiovisual en una exposición la obra cinematográfica abierto al público .]

Cada Parte garantizará que los procedimientos de ejecución, a la medida establecida en las secciones civil y penal de aplicación del presente Acuerdo, se encuentran disponibles en su legislación a fin de permitir una acción eficaz contra una de acr [Estados Unidos / Aus / NZ / Can / Canta / MX: marcas, derechos de autor o derechos conexos] [J / UE / CH: violación de los derechos de propiedad intelectual], que se lleva a cabo [Estados Unidos / Canta / MX: a través de Internet] [UE / CH: en el medio ambiente] digitales, incluidos los rápidos remedios para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un elemento de disuasión de nuevas infracciones.

(B) que la aplicación de lo dispuesto en el párrafo (a) (ii) está condicionada a un proveedor de servicios en línea J [: tomar las medidas apropiadas] rápidamente [Can: o dentro de un período definido de tiempo] [J: como las de eliminar o disable] eliminación o desactivación del acceso a material en [J: la obtención de un conocimiento real de la infracción o teniendo motivos razonables para saber que la infracción se produce] recibido una notificación legalmente suficiente de supuestas infracciones relativas a los materiales que previamente haya sido eliminado de la sitio de origen.

En resumen, se globaliza la jurisprudencia de la DMCA.

2.15 [UE: Para la UE [: los crímenes de los delitos] se refiere [el de la UE: el artículo 2.14.1 a 2.14.3] [EE.UU.: 2.14.1], cada Parte otorgará [UE / CH / Kor / Mor: efectivas, proporcionadas y disuasorias] (40) que incluyen encarcelamiento [Estados Unidos / Nueva Zelanda / Canta / J / CH / Mex / Aus / Kor: así como] [UE / CH / Mor: y multas monetarias] (41) [Estados Unidos / Nueva Zelanda / Canta / J / CH / Mex / Aus / Kor: suficientemente alto como para establecer un elemento disuasorio ante futuros actos de infracción, con el fin de eliminar el incentivo monetario del] infractor.

Cada Parte podrá adoptar y mantener las excepciones o limitaciones a las medidas [Can: disposiciones] la aplicación del apartado (4), siempre y cuando no mermen de forma significativa la adecuación de la protección jurídica de dichos mercados [Can: medidas tecnológicas] o la eficacia de los recursos jurídicos para violaciónes de dichas medidas.

No se puede fabricar, importar o distribuir cualquier dispositivo que evite un bloqueo digital.

Artículo 2.18

3) Los proveedores de servicios en línea que almacenen temporalmente archivos o publiquen enlaces a los mismos deberán deshabilitar el acceso a obras protegidas con derechos de autor cuando se les notifique.

Esto se podría aplicar a webs tipo RapidShare como a webs de torrents.

3 ter) Los jueces tendrán derecho a ordenar a los los proveedores de servicios en línea que identifiquen a los usuarios que hayan compartido obras protegidas y les pasen esa información a los titulares de las obras.

4) Se prohibirán los sistemas y productos que sirvan para burlar sistemas de protección anticopia, DRM y control de acesso.

Cada Parte podrá adoptar y mantener las excepciones o limitaciones a las medidas [Can: disposiciones] la aplicación del apartado (4), siempre y cuando no mermen de forma significativa la adecuación de la protección jurídica de dichos mercados [Can: medidas tecnológicas] o la eficacia de los recursos jurídicos para violaciónes de dichas medidas.

6) Se perseguirá a cualquier persona que quite o altere estos sistemas de protección o que distribuya, ponga a disposición del público o reproduzca obras a las que se haya quitado o alterado dichas protecciones.

Como explica un comentarista, esto “es un copy & paste de la ley DCMA de EEUU bajo la cual programas como DeCSS son ilegales. Los cartuchos para la Nintendo DS también. Peor aún cualquier método para meter software homebrew (casero) a una consola o dispositivo se podría considerar ilegal”.

En este rápido análisis, que sigue abierto, nos queda meridianamente claro que ACTA es un intento de americanizar el derecho internacional por la vía de adaptarnos a la DMCA. Lo denunció Google, ACTA es imperialismo cultural.

Dos nuevas rondas ya están previstas en torno al ACTA, una en Washington (EE.UU.) este verano y otra en Japón, partidario de la línea dura, a principios de septiembre.

Por otra parte, el eurodiputado pirata, Christian Engström, opina lo siguiente en cuanto a la filtración de la última versión del ACTA:

Es una vergüenza que tengamos una Comisión de la UE que se niega obstinadamente a estar la altura de su obligación de mantener informado al Parlamento en todas las etapas del procedimiento, conforme a lo estipulado en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Es totalmente inaceptable que los ciudadanos y los diputados al Parlamento Europeo tengan que depender de las filtraciones no oficiales para obtener información que debería haber sido pública desde el primer día.

Pero al menos ahora tenemos el texto para que lo podamos analizar, en lugar de tener que depender de vagas declaraciones orales de una Comisión determinada a hacer alarde de su falta de respeto tanto al Parlamento como a los Tratados.

vía El texto filtrado de ACTA sigue contemplando la prisión para proteger los derechos de autor.

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• el acta que prohibira (1)

En Public Domain Works se puede encontrar una lista de las personas cuyos trabajos pasarán a formar parte del dominio público este año 2010. La lista esta orientada a la Unión Europea, donde en la mayoría de países el copyright expira a los 70 años de la muerte del autor. Dicho de otro modo; la lista está compuesta por autores que murieron en 1939.

Este listado (en inglés) se puede ordenar en columnas por apellido, fecha de nacimiento y muerte, y número de obras cuyos derechos caducan.

Tal y como advierten al final del listado, la metodología utilizada consiste en sumar 70 años a la fecha de la muerte del autor, lo que puede ser erróneo en algunos países a la hora de determinar el cese de la generación de derechos.

Entre la lista de autores podemos encontrar nombres destacados como Antonio Machado, Sigmund Freud o Agustín Espinosa García.

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• obras sin derechos de autor (35)
• obras de teatro sin derechos de autor (30)
• obras sin derecho de autor (26)
• obras de teatro libres de derechos (25)
• obras de teatro de dominio publico (19)
• obras libres de derechos de autor (18)
• obras sin copyright (11)
• derechos de autor de antonio machado (8)
• derechos de autor antonio machado (6)
• libros sin derechos de autor (4)

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…

1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial – un organismo dependiente del ministerio de Cultura -, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Este manifiesto, elaborado de forma conjunta por varios autores, es de todos y de ninguno. Si quieres sumarte a él, difúndelo por Internet.

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) es una entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual, por tanto, una asociación sin ánimo de lucro. Así lo recuerda la nota 1 del informe de auditoría de cuentas anuales de 2008 que firma BDO Audiberia a 13 de marzo de 2009. De esta condición se derivan algunas obligaciones legales y también cierta filosofía de gestión, pues se manejan derechos de terceros. Desde 2002 las cuentas de la entidad aprobadas por sus socios, a las que ha tenido acceso LA RAZÓN, incluyen en su capítulo de «Remuneraciones y saldos mantenidos con los administradores y los auditores de cuentas», un epígrafe denominado «otras obligaciones» en el que se precisa que «la Sociedad mantiene un plan de pensiones para miembros de la Dirección». La contribución se mantiene en 2002 (257.000 euros), 2003 (256.000) y 2004 (256.000); sin embargo, se dispara en 2005 hasta los 419.000, lo mismo que 2006 y 2007. Es decir, en total, 2,026 millones de euros, puesto que en 2008 no se realizó aportación alguna a este fondo.

El auditor contempla como miembros de la dirección a 19 personas, lo que supondría 106.631 euros por cabeza en caso de que la aportación fuera equitativa, lo que no suele ocurrir en este tipo de gratificaciones para las grandes empresas, pero nada se refleja en los documentos sobre cómo se reparten estas cifras. Eduardo Bautista  cambió los estatutos para convertirse en un empleado de SGAE, como presidente ejecutivo del Consejo de Dirección, y no tener que ser elegido  por los socios, como la Junta Directiva.

Cuando se reclamó información interna en 2002 sobre la suscripción de la póliza para la dirección, la cúpula informó que era una manera de asegurar un pensión «más digna al presidente ejecutivo del consejo de dirección, Eduardo Bautista, que había tributado la mayor parte de su vida laboral “como artista”», es decir, de forma intermitente. Llama la atención que la auditoría ofrezca todo tipo de detalles sobre  el plan de pensiones que la entidad tiene suscrita con sus empleados (cantidad que les corresponde a cada uno, montante global aportado por año, profesionales que  se sucribieron a la externalización del plan de pensiones en 1996…), pero del fondo para la dirección sólo se ofrece el montante total. Lo que vendría a refrendar que este plan de jubilación es una gratificación a la cúpula de la asociación es que las aportaciones se hayan realizado anualmente desde su suscripción, excepto en 2008, es decir, el ejercicio en que se quebró la curva ascendente en cuanto a  recaudación y que en el balance aparece un signo negativo. El misterio sobre este asunto en la auditoría es aún mayor al incluirse, por primera vez en el pasado ejercicio, en el que, como señalamos, no se hicieron aportaciones al fondo, la siguiente nota: bajo el epígrafe «Retribuciones a largo plazo al personal» se  anuncia que «la Sociedad mantiene compromisos por pensiones con un directivo.

Dichos compromisos corresponden a planes de prestación definida, y están exteriorizados mediante pólizas colectivas suscritas con una compañía de seguros». Según los especialistas consultados por este diario, esto supone que uno de los directivos recibirá la aportación a su jubilación de 2008 en posteriores ejercicio. El auditor expone el mínimo de información legalmente exigible para no especificar si esta obligación está ligada o no al de las aportaciones que se hacen al plan de pensiones de la dirección y a qué miembro de la cúpula se refiere.

Para otros especialistas con los que ha hablado LA RAZÓN, este fondo de pensiones equivaldría a los «bonus» que perciben los directivos de las grandes empresas, un sistema que tendría difícil cabida en una sociedad sin ánimo de lucro como la SGAE. Estas mismas personas afirman que este tipo de gratificaciones dependen de la discrecionalidad del máximo responsable,  que suele percibir al menos el 65 o 70 por ciento de estas cantidades. En cualquier caso, los asesores fiscales aseguran que se trata de una retribución con menos cargas que otras de carácter  ordinario y, sin duda, más beneficiosa para alguien que ya ha cumplido 66 años como Bautista.

Las macrocifras que se manejan para la jubilación de los directivos de la entidad contrasta con las del fondo de pensiones de sus empleados. Desde 1997, SGAE externalizó dicho plan, desde entonces la cuantía para cada trabajador ha ido creciendo según el IPC: así en 2002 se aportó 660,54 euros por empleados, hasta llegar a los 807,19 en 2008.

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte le hizo un traje a medida a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) para que resultara la adjudicataria única del concurso abierto por el Palacio del Infante don Luis.

Así se desprende de cotejar el proyecto que presentó por escrito la propia SGAE pidiendo la concesión y las condiciones legales que puso ‘ad hoc’ el Consistorio a quien quisiera quedarse con el monumento histórico artístico.

Un documento copia literalmente decenas de párrafos del otro y las exigencias que pone la Alcaldía calcan lo que ofrece la Sociedad General de Autores. El plazo para presentarse se abrió el 11 de agosto, aprovechando el verano. Así las cosas, sólo se presentó al concurso público una persona jurídica: la SGAE, que se hizo con la adjudicación del Palacio del Infante don Luis.

El monumento está protegido por las leyes de Patrimonio y sólo admite obras de rehabilitación y mantenimiento. Pero la entidad que gestiona los derechos de autor pretende edificar su nueva sede.

Fue el 4 de julio de 2006 cuando Eduardo Bautista -como director general de la Fundación Autor- presentó un escrito de 14 páginas en el registro del Ayuntamiento solicitando la adjudicación directa del palacio para la localización de la nueva sede social de dicha fundación.

El 28 de julio, el Ayuntamiento -cuyo alcalde ‘popular’ era González Panero, imputado el ‘caso Gürtel’- respondía al requerimiento y aprobaba un “pliego de cláusulas económico-administrativas particulares y técnicas” a regir en el concurso.

El pliego copia con burda literalidad las actividades, los plazos, los fines, la utilización del inmueble, el plazo de la concesión… Todo lo que dicta la SGAE. Las similitudes entre lo que ésta propuso en su día y lo que exigía el Ayuntamiento tres semanas después son asombrosas.

Por ejemplo, el proyecto de la Sociedad de Autores recogía que la pretendiente Fundación Autor realizaría las actividades siguientes: “Fomento de nuevos creadores, la difusión de la dramaturgia española, la promoción musical, la creación de un espacio estable de formación, las actividades destinadas al público infantil y juvenil, la presencia de la danza contemporánea y nuevas formas escénicas, el intercambio con la creación internacional y la incorporación del uso de las nuevas tecnologías”. El folio 52 del pliego aprobado por el Ayuntamiento exige, precisamente, que los que opten al concurso público han de cumplir exactamente con estas actividades.

Por otro lado, la SGAE propone realizar las obras en un máximo de 30 meses, condición que recoge a posteriori la Alcaldía en el folio 51 del pliego. También plantea ceder durante 20 días al año el salón de actos del inmueble al Ayuntamiento. El Consistorio lo incluye en el folio 54.

El plazo de la concesión de 75 años que sugiere la Sociedad General de Autores es fusilado convenientemente en el folio 55 del pliego que salió del Pleno municipal. Y así hasta rematar el traje.

El Palacio del Infante don Luis de Borbón es una joya del neoclásico que data de 1765. Construido por Ventura Rodríguez, tiene la vitola de Bien de Interés Cultural, lo que presupone que sólo está permitido que se acometan actuaciones de conservación y mantenimiento.

El proyecto de la SGAE prevé edificar 10.000 metros cuadrados, levantar auditorios, ascensores donde hay escaleras de época, construir seis chalés en la zona del antiguo estanque, remozar una cocina del siglo XVIII para lugar de encuentros entre profesionales del sector y, ahí es nada, instalar despachos directivos en la mismísima habitación de la condesa de Chinchón y aledaños.

La familia de Juanma pelea por salvar su vida y la SGAE llega poniendo el cazo con su música fúnebre de caja registradora.

De los 50.000 euros recaudados por unos padres en filántropo concierto para salvar al hijo -aquejado del Síndrome de Alexander-, la sociedad que representa a los músicos ha obligado a la familia a desembolsarle 5.000.

La tajada de la vergüenza, por otra parte legal, es cosa de la Sociedad General de Autores y Editores, que el pasado 16 de abril ató por escrito a la madre y le arrancó el 10% de las ganancias que tuviera el ‘show’, la condición indispensable para que el evento pudiera realizarse. Se vendió todo el papel. El cantante David Bisbal no cobró. El concierto fue benéfico para todos. Menos para la SGAE.

En el medio y sin saber ni media de esta historia, anda un crío de cinco años. Tiene una letal enfermedad neurodegenerativa única entre un millón de personas. Los pacientes acaban en estado vegetativo. Los niños afectados mueren en torno a los seis. A la guitarra, con todos ustedes, Juanma. Enterarse por la prensa del evento y sacar lustre a sus carteras de cuero negro fue todo uno. Decía el periódico que tocaba David Bisbal en un pueblo almeriense. Daba igual que el concierto fuese benéfico. El delegado de la SGAE metió la calculadora dentro de la maleta y allá se fue agitando la saca de monedas.

“El hombre me llamó cuando estaba con el niño en rehabilitación en la clínica Fisiomarina. Me dijo que teníamos que vernos, y allí se vino”, evoca Toñi, la madre. “Me explicó que había que dar una señal antes del concierto para que pudiera hacerse. Y que era ineludible firmar una solicitud de autorización a no ser que el autor cediera sus derechos. Así que firmé”.

El concierto fue el 25 de abril en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar y funcionó como un tiro. En un día se vendió todo el aforo, 1.226 entradas entre 40 y 60 euros cada una. David Bisbal renunció a ganar nada. Eso sí, según lo suscrito, la décima parte de lo recaudado sería para la Sociedad General de Autores.

El mordisco duele más porque se da en manos callosas y con olor a lejía de trabajadores. El sueño de una ama de casa y un padre camionero que no tenían nada y que �hucha aquí, concierto benéfico allá y partido homenaje acullá� han rascado ya 1,4 millones de euros para tratar de salvarle la vida a Juanma.

La obsesión por la hucha empezó desde que la madre contactó con el doctor Albee Messing, un científico estadounidense del Waisman Center (en la Universidad de Madison), quien entonó su particular ‘yes, we can’ con las probetas en la mano. De los 3.000 fármacos con los que Messing ha trabajado para combatir el síndrome, 10 son “altamente prometedores” contra la enfermedad. Desarrollar cada uno cuesta más de 170.000 euros.

“Cuando se fue el de la SGAE me puse a llorar. Cada vez que me acuerdo de los 5.000 euros me duele el estómago. Porque hay gente que está ayudando a la causa como buenamente puede, ¿sabes? Una señora de la limpieza del Pryca ingresa cinco euros al mes; hay una chica en Irún que hace pulseras y las vende a un euro… No me sobra nada para luchar por mi hijo. Pero ellos quieren sus 5.000 euros”.

La SGAE se excusó ayer apelando a lo que es su “obligación” siempre y cuando el autor de las canciones (y Bisbal no lo es) no ceda los derechos de las mismas. “Una cosa es que el cantante renuncie a su caché y otra, el uso de su música cuando ésta no es del cantante”. Así que la familia, que iba a montar otro concierto en Vícar, lo ha suspendido todo. A la busca de cantautor que sí pudiera ceder su obra.

Ocho de los 10 fármacos ya están desarrollándose gracias al maná que viajó a Madison desde Almería. Los primeros resultados de las pruebas de Messing se exponen en julio. Los experimentos comenzarán en adultos y, de ser buenos los resultados, Juanma irá después, timonel de los pequeños.

La travesía es el día a día en el hogar y Toñi no deja que el barco haga aguas. Veamos. Juanma ya logra llamarle “bi” a la bici, “lo entiende todo” y anda de puntillas. Hace poco se dio un golpe en la cabeza jugando, dañándose aún más ese cerebro de cristal. Con lo que el crío ve pasar la vida con un casco de taekwondo.

Fue la hermana mayor la que vino con el cuento. Hay unas niñas en el colegio que le han dicho que su hermano se va a morir. Madre dice que no y le canta. A la guitarra, con todos ustedes, Juanma.

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/05/04/espana/1241465705.html

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El canon digital entró en vigor en junio del pasado año, tras casi año y medio de retraso. La falta de acuerdo entre las entidades de derechos de gestión y la industria tecnológica obligó a los ministerios de Cultura e Industria a negociar y, finalmente, acordar las tarifas del nuevo canon digital, hoy vigentes.

Mediante esta tasa, que grava determinados productos y soportes tecnológicos "idóneos", según la ley, para el almacenamiento y reproducción de contenidos protegidos por derechos de autor, las entidades perciben una compensación económica por la copia privada de sus obras que realizan los particulares. Dicha recaudación acaba en el bolsillo de un reducido grupo de autores.

Desde la aprobación de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, en junio de 2006, ha tenido lugar una compleja y difícil negociación, no exenta de polémica, tanto social como política, sobre los productos y tarifas incluidos en el nuevo canon digital. De hecho, hubo varias fases. En diciembre de 2006, la industria tecnológica y las entidades de gestión de derechos de autor abandonaron la mesa de negociación ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo sobre esta materia.

A partir de entonces, los ministerios de Cultura e Industria fueron los encargados de establecer los soportes y tarifas a aplicar. El acuerdo no fue sencillo y, de hecho, no se alcanzó  hasta diciembre de 2007, cuando se filtró a los medios de comunicación la orden interministerial que establecía las tarifas del canon, así como los soportes y los dispositivos sobre los que aplicar dicha tasa.

Sin embargo, hubo un acuerdo previo. Cultura e Industria alcanzaron un principio de acuerdo en septiembre de 2007, en donde el Gobierno establecía una rebaja sustancial del canon sobre los CD y DVD. En concreto, tal y como entonces publicó la cadena Ser, con fecha del 13 de septiembre, ambos ministerios acordaron reducir de 0,22 a 0,15 euros el canon sobre cada CD, y de 0,60 a 0,24 el de DVD. Es decir, una rebaja del 30% y el 60%, respectivamente, sobre las tarifas vigentes. Una información que también fue publicada por Expansión en esas mismas fechas.

Dicha decisión levantó entonces las críticas de determinadas entidades de gestión, ya que el 85% de la recaudación del canon provenía de la venta de estos soportes. Así, los creadores audiovisuales y sus entidades de gestión pusieron el grito en el cielo, ya que podrían perder entre un 40% y u 45% de sus ingresos anuales por canon, según sus cálculos.

Fue entonces cuando Pilar Bardem, presidenta de la entidad AISGE, junto a los responsables de EGEDA, Enrique Cerezo, y DAMA, Enrique Urbizu, decidieron escribir una carta a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández De la Vega, solicitando su intermediación.

La misiva, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, está fechada el 7 de septiembre de 2007, y sus intenciones son claras. En concreto, las citadas entidades indican que el 6 de septiembre Industria y Cultura confirmaron las líneas generales del acuerdo alcanzado sobre el nuevo canon digital. Según la carta, "el borrador propuesto por los ministerios se basa, incomprensiblemente, en la rebaja sustancial -cercana al 60% de la cuantía actual- de la compensación [canon] aplicable a CDS y DVDS, compensación que supone actualmente el 80% de la recaudación audiovisual".

Así, "de hacerse efectiva la fuerte reducción de la compensación en los CDS y DVDS, especialmente en estos últimos soportes, se lesionará gravísimamente los intereses de los titulares de derechos audiovisuales reduciendo en más de un 50% la vital recaudación que por este concepto vienen recibiendo miles de artistas, actores, directores, guionistas y productores audiovisuales que representamos", añade la carta.

La misiva, indica que "ante esta grave situación [...] hemos creído oportuno poner en su conocimiento el impacto negativo que tendría para los titulares de derechos audiovisuales de hacerse efectiva", en referencia al borrador de orden interministerial acordada entonces por Cultura e Industria.

"Por ello, queremos solicitarle la reconsideración de la propuesta y desearíamos mantener un encuentro a la mayor brevedad posible [...] en el que poder transmitirle de primera mano la honda preocupación existente" entre los artistas audiovisuales. Las entidades firmantes indicaban De la Vega que en esa reunión le entregarían una "propuesta alternativa que asegure el montante máximo acordado por los ministerios y la percepción de una compensación equitativa a nuestros titulares de derechos del sector audiovisual". Es decir, solicitaron a De la Vega aumentar las tarifas del canon sobre CDS y DVDS.

Y continúa. "Creemos que en esta materia es imprescindible la mediación de su persona para paralizar la propuesta de los ministerios implicados, sabedores de la sensibilidad que siempre ha mostrado frente a las reformas que en materia de propiedad intelectual han sido acometidas por el actual Gobierno, y que una vez más sabremos reconocerle públicamente". Es decir, a cambio del apoyo y la intermediación de De la Vega, los artistas se comprometen con el Ejecutivo a prestarle apoyo público.

Cabe recordar que entonces apenas faltaban escasos meses para la celebración de las elecciones generales del 9 de marzo de 2008. Como resultado, pese a que inicialmente el canon sobre CDS y DVDS acordado por los ministerios contemplaban una rebaja drástica sobre las tarifas vigentes, de entre el 30% y el 60% respectivamente, la realidad es que la orden interministerial hecha pública en diciembre de 2007 subió las tarifas.

En concreto, el Gobierno decidió finalmente establecer un canon digital de 0,17 euros sobre los CD y de 0,44 sobre los DVD. Esto es, una rebaja próxima al 20% frente a las tarifas vigentes anteriormente, menos que lo contemplado en el borrador de ambos ministerios. Por si ello fuera poco, el Gobierno impuso una tasa de 1,10 euros sobre los teléfonos móviles o PDA (que dispongan de MP3), y un canon de 12 euros a todos los discos duros de ordenador, a excepción de los instalados en fábrica.

Son embargo, pese a que la orden interministerial se hizo pública en diciembre de 2007, su publicación definitiva en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se retrasó hasta junio de 2008, debido a la cercanía de las elecciones generales y a la introducción de determinadas variaciones de menor relevancia.

Casualmente, poco antes de las elecciones de marzo de 2008, y en cumplimiento de lo prometido por los autores en la citada carta, los artistas, entre ellos Pilar Bardem y Pedro Almodóvar constituyeron la denominada Plataforma de Apoyo a Zapatero (PAZ), conocida comúnmente como los artistas de la ceja. Dicha plataforma jugó un papel muy activo en la pasada campaña electoral de cara a los comicios de marzo ofreciendo todo su apoyo al PSOE.

Por último, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, decidió nombrar como nueva ministra de Cultura a Ángeles González Sinde, presidenta de la Academia de Cine, dando otro espaldarazo a los "artistas de la ceja", ya que su objetivo es ahora limitar las descargas y el intercambio de archivos por internet.

http://www.libertaddigital.com/internet/pilar-bardem-escribio-a-de-la-vega-para-subir-el-canon-digital-de-cd-y-dvd-1276358195/