El artículo 2.14 contempla las sanciones penales de las que no se han caído las penas de prisión. El artículo 2.18 está diseñado específicamente para dar forma a la responsabilidad de los intermediarios técnicos y la movilización de los supuestos de responsabilidad de estos.

El texto requiere la cooperación mutua entre los ISP (proveedores de internet) y los titulares de derechos. Los ISP estarían obligados a revelar rápidamente la identidad de un abonado al titular de los derechos vulnerados, previa solicitud de las autoridades judiciales. El texto sacraliza los DRM penalizando duramente cualquier acción encaminada a eludirlos. La sanción penal por el intercambio de archivos no está necesariamente ligada a un intercambio comercial.

Hemos profundizado en algunos aspectos del farragoso texto que en ocasiones se hace casi indescifrable.

Aclaración: Lo que aparece entre corchetes significa que son textos en “disputa” entre las partes negociadoras de cada país o institución (UE). Hemos seleccionado algunos extractos “fundamentales” del documento para una valoración que sigue “abierta”.

Sección 2: Medidas en frontera [...]

1. 1. Esta sección establece las condiciones de intervención de las autoridades competentes cuando las mercancías sospechosas de vulnerar derechos de propiedad intelectual, en el sentido de este acuerdo, que sean importados, exportados, en tránsito o en otras situaciones en que las mercancías se encuentran bajo vigilancia aduanera.

2. 2. A los efectos de esta sección, “mercancías que vulneran un derecho de propiedad intelectual”: las mercancías que infrinjan cualquiera de los derechos de propiedad intelectual cubiertos por los ADPIC (derechos de propiedad intelectual).

2.14: Sanciones y penas (prisión)

1. 1. Cada Parte establecerá procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas o derechos de autor o derechos conexos a escala comercial.

[3. Cada Parte establecerá procedimientos y sanciones penales que se aplicará a toda persona que, sin autorización del titular de [derechos de autor o derechos conexos] en [Mor: una obra audiovisual, incluyendo] una [obra cinematográfica puede: o] director de teatro [a sabiendas] [EE.UU.: utiliza un dispositivo de grabación audiovisual para transmitir o hacer] una copia de la obra cinematográfica o audiovisual, o parte de ella, de una interpretación o ejecución de la obra cinematográfica o audiovisual en una exposición la obra cinematográfica abierto al público .]

Cada Parte garantizará que los procedimientos de ejecución, a la medida establecida en las secciones civil y penal de aplicación del presente Acuerdo, se encuentran disponibles en su legislación a fin de permitir una acción eficaz contra una de acr [Estados Unidos / Aus / NZ / Can / Canta / MX: marcas, derechos de autor o derechos conexos] [J / UE / CH: violación de los derechos de propiedad intelectual], que se lleva a cabo [Estados Unidos / Canta / MX: a través de Internet] [UE / CH: en el medio ambiente] digitales, incluidos los rápidos remedios para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un elemento de disuasión de nuevas infracciones.

(B) que la aplicación de lo dispuesto en el párrafo (a) (ii) está condicionada a un proveedor de servicios en línea J [: tomar las medidas apropiadas] rápidamente [Can: o dentro de un período definido de tiempo] [J: como las de eliminar o disable] eliminación o desactivación del acceso a material en [J: la obtención de un conocimiento real de la infracción o teniendo motivos razonables para saber que la infracción se produce] recibido una notificación legalmente suficiente de supuestas infracciones relativas a los materiales que previamente haya sido eliminado de la sitio de origen.

En resumen, se globaliza la jurisprudencia de la DMCA.

2.15 [UE: Para la UE [: los crímenes de los delitos] se refiere [el de la UE: el artículo 2.14.1 a 2.14.3] [EE.UU.: 2.14.1], cada Parte otorgará [UE / CH / Kor / Mor: efectivas, proporcionadas y disuasorias] (40) que incluyen encarcelamiento [Estados Unidos / Nueva Zelanda / Canta / J / CH / Mex / Aus / Kor: así como] [UE / CH / Mor: y multas monetarias] (41) [Estados Unidos / Nueva Zelanda / Canta / J / CH / Mex / Aus / Kor: suficientemente alto como para establecer un elemento disuasorio ante futuros actos de infracción, con el fin de eliminar el incentivo monetario del] infractor.

Cada Parte podrá adoptar y mantener las excepciones o limitaciones a las medidas [Can: disposiciones] la aplicación del apartado (4), siempre y cuando no mermen de forma significativa la adecuación de la protección jurídica de dichos mercados [Can: medidas tecnológicas] o la eficacia de los recursos jurídicos para violaciónes de dichas medidas.

No se puede fabricar, importar o distribuir cualquier dispositivo que evite un bloqueo digital.

Artículo 2.18

3) Los proveedores de servicios en línea que almacenen temporalmente archivos o publiquen enlaces a los mismos deberán deshabilitar el acceso a obras protegidas con derechos de autor cuando se les notifique.

Esto se podría aplicar a webs tipo RapidShare como a webs de torrents.

3 ter) Los jueces tendrán derecho a ordenar a los los proveedores de servicios en línea que identifiquen a los usuarios que hayan compartido obras protegidas y les pasen esa información a los titulares de las obras.

4) Se prohibirán los sistemas y productos que sirvan para burlar sistemas de protección anticopia, DRM y control de acesso.

Cada Parte podrá adoptar y mantener las excepciones o limitaciones a las medidas [Can: disposiciones] la aplicación del apartado (4), siempre y cuando no mermen de forma significativa la adecuación de la protección jurídica de dichos mercados [Can: medidas tecnológicas] o la eficacia de los recursos jurídicos para violaciónes de dichas medidas.

6) Se perseguirá a cualquier persona que quite o altere estos sistemas de protección o que distribuya, ponga a disposición del público o reproduzca obras a las que se haya quitado o alterado dichas protecciones.

Como explica un comentarista, esto “es un copy & paste de la ley DCMA de EEUU bajo la cual programas como DeCSS son ilegales. Los cartuchos para la Nintendo DS también. Peor aún cualquier método para meter software homebrew (casero) a una consola o dispositivo se podría considerar ilegal”.

En este rápido análisis, que sigue abierto, nos queda meridianamente claro que ACTA es un intento de americanizar el derecho internacional por la vía de adaptarnos a la DMCA. Lo denunció Google, ACTA es imperialismo cultural.

Dos nuevas rondas ya están previstas en torno al ACTA, una en Washington (EE.UU.) este verano y otra en Japón, partidario de la línea dura, a principios de septiembre.

Por otra parte, el eurodiputado pirata, Christian Engström, opina lo siguiente en cuanto a la filtración de la última versión del ACTA:

Es una vergüenza que tengamos una Comisión de la UE que se niega obstinadamente a estar la altura de su obligación de mantener informado al Parlamento en todas las etapas del procedimiento, conforme a lo estipulado en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Es totalmente inaceptable que los ciudadanos y los diputados al Parlamento Europeo tengan que depender de las filtraciones no oficiales para obtener información que debería haber sido pública desde el primer día.

Pero al menos ahora tenemos el texto para que lo podamos analizar, en lugar de tener que depender de vagas declaraciones orales de una Comisión determinada a hacer alarde de su falta de respeto tanto al Parlamento como a los Tratados.

vía El texto filtrado de ACTA sigue contemplando la prisión para proteger los derechos de autor.

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Este listado (en inglés) se puede ordenar en columnas por apellido, fecha de nacimiento y muerte, y número de obras cuyos derechos caducan.

Tal y como advierten al final del listado, la metodología utilizada consiste en sumar 70 años a la fecha de la muerte del autor, lo que puede ser erróneo en algunos países a la hora de determinar el cese de la generación de derechos.

Entre la lista de autores podemos encontrar nombres destacados como Antonio Machado, Sigmund Freud o Agustín Espinosa García.

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1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial – un organismo dependiente del ministerio de Cultura -, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Este manifiesto, elaborado de forma conjunta por varios autores, es de todos y de ninguno. Si quieres sumarte a él, difúndelo por Internet.

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El auditor contempla como miembros de la dirección a 19 personas, lo que supondría 106.631 euros por cabeza en caso de que la aportación fuera equitativa, lo que no suele ocurrir en este tipo de gratificaciones para las grandes empresas, pero nada se refleja en los documentos sobre cómo se reparten estas cifras. Eduardo Bautista  cambió los estatutos para convertirse en un empleado de SGAE, como presidente ejecutivo del Consejo de Dirección, y no tener que ser elegido  por los socios, como la Junta Directiva.

Cuando se reclamó información interna en 2002 sobre la suscripción de la póliza para la dirección, la cúpula informó que era una manera de asegurar un pensión «más digna al presidente ejecutivo del consejo de dirección, Eduardo Bautista, que había tributado la mayor parte de su vida laboral “como artista”», es decir, de forma intermitente. Llama la atención que la auditoría ofrezca todo tipo de detalles sobre  el plan de pensiones que la entidad tiene suscrita con sus empleados (cantidad que les corresponde a cada uno, montante global aportado por año, profesionales que  se sucribieron a la externalización del plan de pensiones en 1996…), pero del fondo para la dirección sólo se ofrece el montante total. Lo que vendría a refrendar que este plan de jubilación es una gratificación a la cúpula de la asociación es que las aportaciones se hayan realizado anualmente desde su suscripción, excepto en 2008, es decir, el ejercicio en que se quebró la curva ascendente en cuanto a  recaudación y que en el balance aparece un signo negativo. El misterio sobre este asunto en la auditoría es aún mayor al incluirse, por primera vez en el pasado ejercicio, en el que, como señalamos, no se hicieron aportaciones al fondo, la siguiente nota: bajo el epígrafe «Retribuciones a largo plazo al personal» se  anuncia que «la Sociedad mantiene compromisos por pensiones con un directivo.

Dichos compromisos corresponden a planes de prestación definida, y están exteriorizados mediante pólizas colectivas suscritas con una compañía de seguros». Según los especialistas consultados por este diario, esto supone que uno de los directivos recibirá la aportación a su jubilación de 2008 en posteriores ejercicio. El auditor expone el mínimo de información legalmente exigible para no especificar si esta obligación está ligada o no al de las aportaciones que se hacen al plan de pensiones de la dirección y a qué miembro de la cúpula se refiere.

Para otros especialistas con los que ha hablado LA RAZÓN, este fondo de pensiones equivaldría a los «bonus» que perciben los directivos de las grandes empresas, un sistema que tendría difícil cabida en una sociedad sin ánimo de lucro como la SGAE. Estas mismas personas afirman que este tipo de gratificaciones dependen de la discrecionalidad del máximo responsable,  que suele percibir al menos el 65 o 70 por ciento de estas cantidades. En cualquier caso, los asesores fiscales aseguran que se trata de una retribución con menos cargas que otras de carácter  ordinario y, sin duda, más beneficiosa para alguien que ya ha cumplido 66 años como Bautista.

Las macrocifras que se manejan para la jubilación de los directivos de la entidad contrasta con las del fondo de pensiones de sus empleados. Desde 1997, SGAE externalizó dicho plan, desde entonces la cuantía para cada trabajador ha ido creciendo según el IPC: así en 2002 se aportó 660,54 euros por empleados, hasta llegar a los 807,19 en 2008.

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Así se desprende de cotejar el proyecto que presentó por escrito la propia SGAE pidiendo la concesión y las condiciones legales que puso ‘ad hoc’ el Consistorio a quien quisiera quedarse con el monumento histórico artístico.

Un documento copia literalmente decenas de párrafos del otro y las exigencias que pone la Alcaldía calcan lo que ofrece la Sociedad General de Autores. El plazo para presentarse se abrió el 11 de agosto, aprovechando el verano. Así las cosas, sólo se presentó al concurso público una persona jurídica: la SGAE, que se hizo con la adjudicación del Palacio del Infante don Luis.

El monumento está protegido por las leyes de Patrimonio y sólo admite obras de rehabilitación y mantenimiento. Pero la entidad que gestiona los derechos de autor pretende edificar su nueva sede.

Fue el 4 de julio de 2006 cuando Eduardo Bautista -como director general de la Fundación Autor- presentó un escrito de 14 páginas en el registro del Ayuntamiento solicitando la adjudicación directa del palacio para la localización de la nueva sede social de dicha fundación.

El 28 de julio, el Ayuntamiento -cuyo alcalde ‘popular’ era González Panero, imputado el ‘caso Gürtel’- respondía al requerimiento y aprobaba un “pliego de cláusulas económico-administrativas particulares y técnicas” a regir en el concurso.

El pliego copia con burda literalidad las actividades, los plazos, los fines, la utilización del inmueble, el plazo de la concesión… Todo lo que dicta la SGAE. Las similitudes entre lo que ésta propuso en su día y lo que exigía el Ayuntamiento tres semanas después son asombrosas.

Por ejemplo, el proyecto de la Sociedad de Autores recogía que la pretendiente Fundación Autor realizaría las actividades siguientes: “Fomento de nuevos creadores, la difusión de la dramaturgia española, la promoción musical, la creación de un espacio estable de formación, las actividades destinadas al público infantil y juvenil, la presencia de la danza contemporánea y nuevas formas escénicas, el intercambio con la creación internacional y la incorporación del uso de las nuevas tecnologías”. El folio 52 del pliego aprobado por el Ayuntamiento exige, precisamente, que los que opten al concurso público han de cumplir exactamente con estas actividades.

Por otro lado, la SGAE propone realizar las obras en un máximo de 30 meses, condición que recoge a posteriori la Alcaldía en el folio 51 del pliego. También plantea ceder durante 20 días al año el salón de actos del inmueble al Ayuntamiento. El Consistorio lo incluye en el folio 54.

El plazo de la concesión de 75 años que sugiere la Sociedad General de Autores es fusilado convenientemente en el folio 55 del pliego que salió del Pleno municipal. Y así hasta rematar el traje.

El Palacio del Infante don Luis de Borbón es una joya del neoclásico que data de 1765. Construido por Ventura Rodríguez, tiene la vitola de Bien de Interés Cultural, lo que presupone que sólo está permitido que se acometan actuaciones de conservación y mantenimiento.

El proyecto de la SGAE prevé edificar 10.000 metros cuadrados, levantar auditorios, ascensores donde hay escaleras de época, construir seis chalés en la zona del antiguo estanque, remozar una cocina del siglo XVIII para lugar de encuentros entre profesionales del sector y, ahí es nada, instalar despachos directivos en la mismísima habitación de la condesa de Chinchón y aledaños.

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De los 50.000 euros recaudados por unos padres en filántropo concierto para salvar al hijo -aquejado del Síndrome de Alexander-, la sociedad que representa a los músicos ha obligado a la familia a desembolsarle 5.000.

La tajada de la vergüenza, por otra parte legal, es cosa de la Sociedad General de Autores y Editores, que el pasado 16 de abril ató por escrito a la madre y le arrancó el 10% de las ganancias que tuviera el ‘show’, la condición indispensable para que el evento pudiera realizarse. Se vendió todo el papel. El cantante David Bisbal no cobró. El concierto fue benéfico para todos. Menos para la SGAE.

En el medio y sin saber ni media de esta historia, anda un crío de cinco años. Tiene una letal enfermedad neurodegenerativa única entre un millón de personas. Los pacientes acaban en estado vegetativo. Los niños afectados mueren en torno a los seis. A la guitarra, con todos ustedes, Juanma. Enterarse por la prensa del evento y sacar lustre a sus carteras de cuero negro fue todo uno. Decía el periódico que tocaba David Bisbal en un pueblo almeriense. Daba igual que el concierto fuese benéfico. El delegado de la SGAE metió la calculadora dentro de la maleta y allá se fue agitando la saca de monedas.

“El hombre me llamó cuando estaba con el niño en rehabilitación en la clínica Fisiomarina. Me dijo que teníamos que vernos, y allí se vino”, evoca Toñi, la madre. “Me explicó que había que dar una señal antes del concierto para que pudiera hacerse. Y que era ineludible firmar una solicitud de autorización a no ser que el autor cediera sus derechos. Así que firmé”.

El concierto fue el 25 de abril en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar y funcionó como un tiro. En un día se vendió todo el aforo, 1.226 entradas entre 40 y 60 euros cada una. David Bisbal renunció a ganar nada. Eso sí, según lo suscrito, la décima parte de lo recaudado sería para la Sociedad General de Autores.

El mordisco duele más porque se da en manos callosas y con olor a lejía de trabajadores. El sueño de una ama de casa y un padre camionero que no tenían nada y que �hucha aquí, concierto benéfico allá y partido homenaje acullá� han rascado ya 1,4 millones de euros para tratar de salvarle la vida a Juanma.

La obsesión por la hucha empezó desde que la madre contactó con el doctor Albee Messing, un científico estadounidense del Waisman Center (en la Universidad de Madison), quien entonó su particular ‘yes, we can’ con las probetas en la mano. De los 3.000 fármacos con los que Messing ha trabajado para combatir el síndrome, 10 son “altamente prometedores” contra la enfermedad. Desarrollar cada uno cuesta más de 170.000 euros.

“Cuando se fue el de la SGAE me puse a llorar. Cada vez que me acuerdo de los 5.000 euros me duele el estómago. Porque hay gente que está ayudando a la causa como buenamente puede, ¿sabes? Una señora de la limpieza del Pryca ingresa cinco euros al mes; hay una chica en Irún que hace pulseras y las vende a un euro… No me sobra nada para luchar por mi hijo. Pero ellos quieren sus 5.000 euros”.

La SGAE se excusó ayer apelando a lo que es su “obligación” siempre y cuando el autor de las canciones (y Bisbal no lo es) no ceda los derechos de las mismas. “Una cosa es que el cantante renuncie a su caché y otra, el uso de su música cuando ésta no es del cantante”. Así que la familia, que iba a montar otro concierto en Vícar, lo ha suspendido todo. A la busca de cantautor que sí pudiera ceder su obra.

Ocho de los 10 fármacos ya están desarrollándose gracias al maná que viajó a Madison desde Almería. Los primeros resultados de las pruebas de Messing se exponen en julio. Los experimentos comenzarán en adultos y, de ser buenos los resultados, Juanma irá después, timonel de los pequeños.

La travesía es el día a día en el hogar y Toñi no deja que el barco haga aguas. Veamos. Juanma ya logra llamarle “bi” a la bici, “lo entiende todo” y anda de puntillas. Hace poco se dio un golpe en la cabeza jugando, dañándose aún más ese cerebro de cristal. Con lo que el crío ve pasar la vida con un casco de taekwondo.

Fue la hermana mayor la que vino con el cuento. Hay unas niñas en el colegio que le han dicho que su hermano se va a morir. Madre dice que no y le canta. A la guitarra, con todos ustedes, Juanma.

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/05/04/espana/1241465705.html

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Mediante esta tasa, que grava determinados productos y soportes tecnológicos "idóneos", según la ley, para el almacenamiento y reproducción de contenidos protegidos por derechos de autor, las entidades perciben una compensación económica por la copia privada de sus obras que realizan los particulares. Dicha recaudación acaba en el bolsillo de un reducido grupo de autores.

Desde la aprobación de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, en junio de 2006, ha tenido lugar una compleja y difícil negociación, no exenta de polémica, tanto social como política, sobre los productos y tarifas incluidos en el nuevo canon digital. De hecho, hubo varias fases. En diciembre de 2006, la industria tecnológica y las entidades de gestión de derechos de autor abandonaron la mesa de negociación ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo sobre esta materia.

A partir de entonces, los ministerios de Cultura e Industria fueron los encargados de establecer los soportes y tarifas a aplicar. El acuerdo no fue sencillo y, de hecho, no se alcanzó  hasta diciembre de 2007, cuando se filtró a los medios de comunicación la orden interministerial que establecía las tarifas del canon, así como los soportes y los dispositivos sobre los que aplicar dicha tasa.

Sin embargo, hubo un acuerdo previo. Cultura e Industria alcanzaron un principio de acuerdo en septiembre de 2007, en donde el Gobierno establecía una rebaja sustancial del canon sobre los CD y DVD. En concreto, tal y como entonces publicó la cadena Ser, con fecha del 13 de septiembre, ambos ministerios acordaron reducir de 0,22 a 0,15 euros el canon sobre cada CD, y de 0,60 a 0,24 el de DVD. Es decir, una rebaja del 30% y el 60%, respectivamente, sobre las tarifas vigentes. Una información que también fue publicada por Expansión en esas mismas fechas.

Dicha decisión levantó entonces las críticas de determinadas entidades de gestión, ya que el 85% de la recaudación del canon provenía de la venta de estos soportes. Así, los creadores audiovisuales y sus entidades de gestión pusieron el grito en el cielo, ya que podrían perder entre un 40% y u 45% de sus ingresos anuales por canon, según sus cálculos.

Fue entonces cuando Pilar Bardem, presidenta de la entidad AISGE, junto a los responsables de EGEDA, Enrique Cerezo, y DAMA, Enrique Urbizu, decidieron escribir una carta a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández De la Vega, solicitando su intermediación.

La misiva, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, está fechada el 7 de septiembre de 2007, y sus intenciones son claras. En concreto, las citadas entidades indican que el 6 de septiembre Industria y Cultura confirmaron las líneas generales del acuerdo alcanzado sobre el nuevo canon digital. Según la carta, "el borrador propuesto por los ministerios se basa, incomprensiblemente, en la rebaja sustancial -cercana al 60% de la cuantía actual- de la compensación [canon] aplicable a CDS y DVDS, compensación que supone actualmente el 80% de la recaudación audiovisual".

Así, "de hacerse efectiva la fuerte reducción de la compensación en los CDS y DVDS, especialmente en estos últimos soportes, se lesionará gravísimamente los intereses de los titulares de derechos audiovisuales reduciendo en más de un 50% la vital recaudación que por este concepto vienen recibiendo miles de artistas, actores, directores, guionistas y productores audiovisuales que representamos", añade la carta.

La misiva, indica que "ante esta grave situación [...] hemos creído oportuno poner en su conocimiento el impacto negativo que tendría para los titulares de derechos audiovisuales de hacerse efectiva", en referencia al borrador de orden interministerial acordada entonces por Cultura e Industria.

"Por ello, queremos solicitarle la reconsideración de la propuesta y desearíamos mantener un encuentro a la mayor brevedad posible [...] en el que poder transmitirle de primera mano la honda preocupación existente" entre los artistas audiovisuales. Las entidades firmantes indicaban De la Vega que en esa reunión le entregarían una "propuesta alternativa que asegure el montante máximo acordado por los ministerios y la percepción de una compensación equitativa a nuestros titulares de derechos del sector audiovisual". Es decir, solicitaron a De la Vega aumentar las tarifas del canon sobre CDS y DVDS.

Y continúa. "Creemos que en esta materia es imprescindible la mediación de su persona para paralizar la propuesta de los ministerios implicados, sabedores de la sensibilidad que siempre ha mostrado frente a las reformas que en materia de propiedad intelectual han sido acometidas por el actual Gobierno, y que una vez más sabremos reconocerle públicamente". Es decir, a cambio del apoyo y la intermediación de De la Vega, los artistas se comprometen con el Ejecutivo a prestarle apoyo público.

Cabe recordar que entonces apenas faltaban escasos meses para la celebración de las elecciones generales del 9 de marzo de 2008. Como resultado, pese a que inicialmente el canon sobre CDS y DVDS acordado por los ministerios contemplaban una rebaja drástica sobre las tarifas vigentes, de entre el 30% y el 60% respectivamente, la realidad es que la orden interministerial hecha pública en diciembre de 2007 subió las tarifas.

En concreto, el Gobierno decidió finalmente establecer un canon digital de 0,17 euros sobre los CD y de 0,44 sobre los DVD. Esto es, una rebaja próxima al 20% frente a las tarifas vigentes anteriormente, menos que lo contemplado en el borrador de ambos ministerios. Por si ello fuera poco, el Gobierno impuso una tasa de 1,10 euros sobre los teléfonos móviles o PDA (que dispongan de MP3), y un canon de 12 euros a todos los discos duros de ordenador, a excepción de los instalados en fábrica.

Son embargo, pese a que la orden interministerial se hizo pública en diciembre de 2007, su publicación definitiva en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se retrasó hasta junio de 2008, debido a la cercanía de las elecciones generales y a la introducción de determinadas variaciones de menor relevancia.

Casualmente, poco antes de las elecciones de marzo de 2008, y en cumplimiento de lo prometido por los autores en la citada carta, los artistas, entre ellos Pilar Bardem y Pedro Almodóvar constituyeron la denominada Plataforma de Apoyo a Zapatero (PAZ), conocida comúnmente como los artistas de la ceja. Dicha plataforma jugó un papel muy activo en la pasada campaña electoral de cara a los comicios de marzo ofreciendo todo su apoyo al PSOE.

Por último, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, decidió nombrar como nueva ministra de Cultura a Ángeles González Sinde, presidenta de la Academia de Cine, dando otro espaldarazo a los "artistas de la ceja", ya que su objetivo es ahora limitar las descargas y el intercambio de archivos por internet.

http://www.libertaddigital.com/internet/pilar-bardem-escribio-a-de-la-vega-para-subir-el-canon-digital-de-cd-y-dvd-1276358195/

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En una sentencia del 22 de diciembre, el Supremo revoca parcialmente el contrato suscrito entre la SGAE y la discográfica Vale Music, que imponía a éstos una tarifa un 37 por ciento más elevada que la que cobraba a la Asociación Fonográfica y Videográfica Española (AFYVE), ahora Promusicae, por prestar servicios idénticos.

La Sala de lo Civil concluye que dicha tarifa es discriminatoria y obliga a la SGAE a aplicar a la productora Vale Music las mismas tarifas, más ventajosas, que impone a AFYVE y sus asociados. Avala así la postura del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Audiencia Provincial de Madrid.

La argumentación del ponente, el magistrado Xiol Ríos, se basa en que la SGAE goza de una situación "de monopolio de facto", que le otorga margen para dar una "redacción unilateral de las cláusulas" de los contratos, que pueden provocar, como en el caso de Vale Music, que ésta tenga un "escaso o nulo margen" para negociar el contrato.

Esta situación se agrava, según la sentencia, porque la Ley de Propiedad Intelectual encomienda a las sociedades de gestión la responsabilidad sobre la administración de los derechos de autor.

Por todo ello, debe enjuiciarse si estos contratos cumplen el mandato de "racionabilidad" contenido en el artículo 157 de la Ley de Propiedad Intelectual, por el cual las sociedades de gestión como la SGAE "no pueden imponer restricciones contrarias al principio de libre competencia o imponer condiciones discriminatorias" aprovechando su "posición privilegiada", fruto de su "exclusividad" en la gestión de derechos de autor.

http://ecodiario.eleconomista.es/telecomunicaciones-tecnologia/noticias/1014404/02/09/Palo-a-la-SGAE-el-Supremo-la-califica-de-monopolio-de-facto.html

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Tal y como adelantó elEconomista el 23 de febrero, el juzgado de instrucción número 26 de Madrid ha admitido a trámite una querella presentada por Apemit, la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática) contra tres entidades que gestionan los derechos de autor -SGAE, AIE y Agedi- y el perito contratado por la primera de ellas para evaluar que productos era idóneos para gravar obras originales y, por lo tanto, pagar el canon digital hace cinco años, antes de que se hicieran los primeros listados.

Aunque Aracil sí contestó ante la juez la semana pasada que estaba informado de los hechos que se le imputan y de que otros profesores de la Universidad también intervinieron, se negó a contestar a ninguna de las preguntas del abogado de Apemit, Josep Jover, ratificándose en que es catedrático en ingeniería de sistemas y robótica.

La juez está investigando si Aracil ha utilizado de forma fraudulenta el sello y los papeles oficiales de la Universidad cuando estaba, en realidad, haciendo un trabajo privado para una entidad que, supuestamente, le habría pagado por ello, con lo que se cuestionaría su independencia.

La SGAE se ha basado en informes de este catedrático para defender sus posiciones ante los numerosos procesos legales emprendidos contra las tiendas de informática para exigir el pago del canon.

[url=http://ecodiario.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/774521/09/08/El-perito-de-la-SGAE-se-niega-a-responder-en-los-tribunales-por-el-canon.html]Fuente[/url]

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Más de mil cuatrocientas personas ya han confirmado su asistencia al fusilamiento virtual de Ramoncín. Ante la 'ineficacia' de medidas como el lanzamiento de piedras durante sus conciertos, de las concentraciones de protesta ante la madrileña sede de la SGAE o de la utilización de máscaras del cantante y presentador a modo de denuncia contra medidas como el canon, los detractores del 'rey del pollo frito' han decidido ponerse firmes y 'fusilarlo'.

Se trata de una iniciativa nacida en Facebook, una de las redes sociales más populares del momento. Bajo el lema 'Porque desaparezca virtualmente del mundo el especímen Ramoncín', próximamente la red será el escenario de la muerte virtual del cantante. Un evento que ya cuenta con 1.415 asistentes confirmados.

Pero este 'acto', producto del vacío legal que rige por el momento – y pese a los esfuerzos del Parlamento Europeo- este tipo de espacios, no será la única medida que emprenderán los defensores de la piratería y el libre intercambio musical.

"Ante la gran cantidad de asistentes a este evento lo mejor será hacerlo a las 20:00 enfrente de la SGAE y que cada uno lleve un cd en la mano", reza la página en la que nació la iniciativa. "Esto nos servirá para reconocernos y tirárselo a los de la SGAE, aparte de pancartas, caretas y demás complementos típicos para dejar claro nuestro rechazo a Ramoncín y a su séquito de esbirros de la SGAE. Se aceptan todo tipo de ideas", concluye la incendiaria convocatoria.

Ya hace un año, Ramoncín, harto de sufrir este tipo de asedio, decidió abandonar la directiva de la SGAE y ceder su responsabilidad a otros grupos españoles "más actuales". Sin embargo, la decisión del cantante no ha surtido el efecto deseado y las protestas en contra de su persona siguen proliferando.

[url=http://ecodiario.eleconomista.es/noticias/noticias/770861/09/08/Por-que-desaparezca-virtualmente-del-mundo-el-especimen-Ramoncin.html]Fuente[/url]

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