La multinacional tecnológica holandesa Philips ha denunciado ante la Comisión Europea CE) el sistema de compensación por copia privada aprobado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La empresa alega que el conocido comúnmente por canon digital atenta contra la legislación comunitaria en materia de libre comercio. Esta demanda se suma a la de la compañía norteamericana Imation contra el canon que aplica Holanda.
Al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se le está atragantando por momentos el polémico canon digital. La multinacional holandesa Philips acaba de presentar una denuncia formal ante la Dirección General de Mercado Interior de la Comisión Europea (CE) contra el sistema de remuneración de los artistas por la copia privada de sus obras que realizan los usuarios.
Según ha podido saber Libertad Digital, la compañía alega en su demanda que el canon digital español "origina importantes distorsiones en el mercado comunitario debido, sobre todo, a su elevado coste". Así, la citada tasa atenta contra la libre distribución de mercancías en el seno de la UE, incentivando, además, una gran competencia desleal entre empresas, según ha podido confirmar a este diario fuentes comunitarias. La denuncia presentada por Philips, una de las principales multinacionales tecnológicas del planeta, carga así de forma contundente contra el canon que establece la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), aprobada por el Gobierno socialista en junio de 2006.
Y es que, pese a que las nuevas tarifas todavía no se han publicado oficialmente mediante la correspondiente orden ministerial, el canon que se aplica en España es "abusivo". Es decir, excesivamente elevado, en comparación con otros Estados miembros, según estas mismas fuentes. Sobre todo, si se tiene en cuenta que no existe un sistema de compensación homogéneo a nivel europeo.
Además, la compañía se queja ante las autoridades comunitarias de que las entidades de derechos de autor se centran en recaudar el mayor volumen de fondos posible a las grandes multinacionales, mientras que la mayoría de importadores de productos tecnológicos de pequeño o mediano tamaño “escapan” al control de los autores, según estas mismas fuentes. De este modo, el canon digital que aplica España genera numerosos problemas de "competencia desleal", tanto fuera como dentro de las fronteras nacionales.
Dicha demanda se suma a la que presentó la compañía norteamericana Imation, dedicada a la venta de soportes tecnológicos, el pasado mes de noviembre, ante los organismos de Bruselas. Aunque, en este caso, la denuncia se dirigió contra la legislación que aplica Holanda. Entonces, la empresa interpuso una denuncia muy similar a la que acaba de presentar Philips contra España. Imation califica el sistema de recaudación de impuestos del Gobierno holandés de “incompatible” con la Directiva sobre los Derechos de Autor y el principio de la libre circulación de mercancías, uno de los pilares del Tratado de la Comisión Europea (CE). Imation Europe forma parte de Imation Group, uno de los proveedores líderes mundiales de productos para el almacenamiento de datos.
“Los consumidores y las empresas están pagando mucho más de lo que deberían por los CDR y DVDR debido a un sistema de recaudación de impuestos holandés que es poco claro, injusto e incontrolado. El Tratado CE otorga a los consumidores y a las empresas el derecho a comprar productos que sean vendidos legalmente en cualquier Estado Miembro de la UE. Este derecho se les ha quitado a las empresas y los consumidores holandeses a través de un sistema de recaudación de impuestos injusto en lo que se refiere a los CDR y DVD”, afirmó entonces Brian Plummer, Vicepresidente EMEA de Imation.
“Más del 50% del precio que paga un consumidor por un DVDR virgen en Holanda es el impuesto”. Plummer alegó también que “los excesivos impuestos holandeses aplicados a los CDR y DVDR ha creado un próspero mercado negro que está dañando seriamente a los distribuidores que tratan de hacer un negocio honrado”. STOBI, la asociación industrial holandesa de soportes vírgenes, calcula que más del 40% de todos los CDR y DVDR adquiridos en Holanda se venden sin impuestos. En España, tal porcentaje puede ser, incluso, superior, según los estudios existentes en esta materia.
Tales argumentos coinciden con los expuestos por Philips, ya que el canon digital español de ciertos productos supera el coste de producción y el precio de venta de los mismos. Plummer añadió que este problema “no es sólo de Holanda. Muchos otros Estados Miembros también actúan ignorando sus obligaciones contempladas en la Directiva sobre los Derechos de Autor”. Sin embargo, Imation eligió demandar a Holanda porque “su Gobierno ha expresado un sincero interés en reformar el sistema de recaudación de impuestos y ha solicitado reiteradamente consejo a la CE”. Ahora, le toca el turno al Ejecutivo español, tras la reciente demanda de Philips.
Pese a ello, las fuentes comunitarias consultadas, afirman que, en la actualidad, la CE no “tiene ninguna intención en tocar este tema por ser una patata caliente en el seno de la Comisión”. El motivo responde a la cercanía de las elecciones europeas, en 2009. “Ningún comisario está dispuesto a mojarse en un tema tan complejo, sobre todo, cuando apenas faltan unos meses para la celebración de los comicios”, añaden.
El polémico canon digital nace de una Directiva Comunitaria sobre Derechos de Autor, que ha originado grandes críticas entre el sector empresarial tecnológico. El pasado 12 de febrero, los presidentes de compañías de la talla de Sony, Dell, Apple, HP Intel, Nokia y la propia Philips, entre otras, entregaron una carta al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, por negarse a reformar el sistema de compensación por copia privada propio de la UE, tal y como se había comprometido tiempo atrás.
La citada reforma, que estuvo a punto de ver la luz, consistía en tratar de homogeneizar a nivel comunitario la discrecionalidad legislativa existente en esta materia. Además, la CE recomendaba aplicar una tasa proporcional al precio final del producto gravado, nunca superior al 5%. Pero la política, una vez más, echó por tierra, las aspiraciones de los empresarios y consumidores.
Según las fuentes consultadas, la fuerte oposición de Francia a la reforma impidió su aprobación, apenas 24 horas antes de que obtuviera la luz verde de la CE. El entonces primer ministro francés, Dominique Villepin, acudió in extremis a Bruselas, acompañado de la flora y nata del mundo cultural galo para presionar a Barroso. Desde entonces, la citada reforma está guardada en el cajón de Bruselas.
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