‘Canongate’: Cruce de denuncias por el canon digital (estafa y calumnias)

Si tu me demandas, yo más. Tres organizaciones han presentado esta mañana una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por posibles delitos de fraude a la Hacienda Pública, falsificación de documentos y apropiación indebida contras distintas sociedades de gestión de derechos de autor. La respuesta de éstas no se ha hecho esperar en forma de querella criminal por “calumnias” contra la plataforma Todoscontraelcanon.com.

En un comunicado conjunto de las entidades de gestión éstas aseguran que “la denuncia formulada es enteramente falsa y calumniosa, sustentada en datos tendenciosa y erróneamente interpretados, y atribuye gravísimos delitos que afectan a la honorabilidad de los responsables de las Entidades de Gestión”. Asimismo piden a la fiscalía Anticorrupción que de “la más rápida tramitación de la denuncia formulada, su archivo inmediato y la deducción de testimonio de dicha denuncia al Juzgado de Guardia competente por la comisión de un presunto delito de denuncia falsa” al considerar que su actuación “se ajusta escrupulosamente al marco legal que la regula, en particular en el relativo a todos sus sistemas de reparto, avalados en 2008 y 2010 por los informes de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL)”.

Rafael Sánchez, portavoz de las entidades de gestión, ha asegurado a este periódico que “los denunciantes, intencionadamente presuponen que alguien se ha llevado el dinero porque comparan cifras que no son comparables. Su único objetivo es calumniarnos sin el más mínimo rigor analítico, cuando nuestras cifras están avaladas por AEVAL”. Sánchez también lamenta que los denunciantes también consideren que sus socios, “a los que todos los años presentamos los informes de gestión”, no tienen suficiente capacidad intelectual “para analizar las cifras”, de las que solicitan una auditoría ante la fiscalía.

Esta mañana, la Asociación de Usuarios de Internet, la Asociación de Internautas y la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT) se dirigen contra los consejos de administración de estas entidades y los funcionarios “que hayan avalado o encubierto” las anteriores prácticas pertenecientes a la Subdirección General de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura. Las entidades denunciadas son SGAE, Cedro, Egeda y AIE.

Según el abogado denunciante Josep Jover, la iniciativa parte del estudio de la documentación pública sobre la recaudación por copia privada (canon digital) que las citades entidades remitieron al Ministerio de Cultura y las cifras publicadas por las mencionadas organizaciones en sus informes de gestión. “Apreciamos que existe una diferencia de 50 millones de euros que no habrían abonado a sus asociados”. La demanda también se dirige contra funcionarios del ministerio porque “habiendo publicado los datos no han reaccionado ante la diferencia que presentan los mismos”.

Ana Maria Méndez, copropietaria de la barcelonesa tienda de informática Traxtore, que desencadenó la sentencia europea contra el canon digital , es una de las demandantes ante la Fiscalía Anticorrupción porque considera que es la consecuencia lógica de una “situación insostenible. Cuando vimos que Cedro suspendía el fondo de garantía social por la alarma creada por el fallo europeo, nos preguntábamos ¿por qué privan de ayuda a sus socios si a lo largo de 2010 han seguido recaudando el canon en su totalidad, aunque la sentencia establezca que es indiscriminado?”. Al comparar la documentación y ver que “las cifras no cuadraban”, decidimos solicitar a Anticorrupción que realicen una auditoria oara saber qué se recaudan exactamente por el canon, cómo se reparte y a quién”.

El origen de las denuncias

Esta mañana se presentará ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia por los posibles delitos de Fraude a la Hacienda Pública, falsificación de documentos privados y públicos y apropiación indebida de las cantidades abonadas a las entidades de gestión para su reparto a los legítimos titulares de los derechos de propiedad intelectual contra los Consejos de Administración o Juntas deGobierno de las diversas entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual autor y contra los cargos y funcionarios que hayan avalado o encubierto las anteriores prácticas pertenecientes al MINISTERIO DE CULTURA, específicamente se señala a la Subdirección General de Propiedad Intelectual de Carlos Guervós por los posibles delitos de encubrimiento de las conductas denunciadas.

Los denunciantes entienden que se ha vulnerado el Real Decreto 1434/1992 (art. 39) al no repartir a autores, productores y ejecutantes y apropiarse, (sin devolverlo a quien lo abonó originariamente) lo que la ley establece por importe total de MÁS DE CINCUENTA MILLONES DE EUROS, MÁS DE OCHO MIL MILLONES DE LAS ANTIGUAS PESETAS, sólo en estos dos años. Según la denuncia se ha incurrido en falsedad documental ya que las cuentas presentadas a los asociados y a la administración no coinciden, así como en un posible Fraude a la Hacienda Pública al declarar ante la administración pública una cantidad inferior para así obtener una mayor subvención. Posible fraude a los asociados, autores, productores y artistas, al no coincidir lo declarado con lo cobrado.

La denuncia se origina ante la publicación por el Ministerio de Cultura de las cantidades declaradas por las diversas entidades de gestión de lo recaudado por copiaprivada, llamado más popularmente “canon digital”. En concreto la disonancia contable y la sospecha surgen de la Subdirección General de Propiedad Intelectual y su informe sobre las cantidades recaudadas y repartidas por derechos por copia privada por las entidades de gestión durante los años 2008 y 2009.

El ministerio de Ángeles González Sinde y las entidades de gestión pactaron que si el total de la recaudación por copia privada, no llegaba a los 100.000.000 de Euros, el Estado, el erario público, es decir, todos nosotros, pondriamos la diferencia hasta alcanzar esos 100.000.000 millones de Euros (dieciséis mil seiscientos treinta y ocho millones de las antiguas pesetas).

Pues bien, según los denunciantes, es aquí donde “algo falla” y se acrecienta la sospecha de una estafa en connivencia con Cultura para cobrar esos 100 millones de euros declarando menos ingresos que los que aparecen y se reflejan su propia documentación interna. La denuncia se acompaña de una pormenorizada documentación para acreditar las diferencias entre lo que se recauda y lo que se dice recaudar. Por ejemploEGEDA en la página 34 de su informe de gestión indica que las recaudaciones por copia privada del año 2008 son de 12 millones de euros, cuando la declaración incluida en el anuario a efectos de cobro ese año 2008 es de 8.851.000 €. Una diferencia de mil millones de las antiguas pesetas. Ahí es nada. Pero es un mero ejemplo de una práctica generalizada en la que aparecen formando parte de la denuncia otras entidades de gestión de derechos de autor, como la propia SGAE o CEDRO. Es aquí donde se le hace llegar al Fiscal Anticorrupción la voz de alarma:

Independientemente del no cumplimiento de la norma, entendemos que… o las declaraciones son inventadas… o las entidades están, con mala fe, ocultando en perjuicio de los autores, reteniendo y utilizando los ingresos para cosas diferentes de las que conforman la copia privada.

Recuerdan los denunciantes, además, que es de cumplimiento por lo que hace al reparto de lo recaudado deducir un 20% que se dedicará en partes iguales a obra social y fomento de la cultura. 30 millones de euros, que no forman parte de la denuncia pero que se “invita” a la fiscalía a examinar en otro procedimiento. Según los denunciantes con ese dinero “algunas Entidades de Gestión de ese capitulose pagan a los abogados que ponen las demandas del canon digital, se organizan actos lúdicos y congresos en defensa de la propiedad intelectual, se pagan asesores, viajes, dietas y se forma y beca a funcionarios públicos y finalmente se subvenciona directa o indirectamente a los partidos políticos mayoritarios (El PP lo puso en 2003, ElPSOE lo mantuvo, y CIU lo apoyó hasta las últimas consecuencias en ambos casos)”

Tampoco se entra a valorar si realmente se gasta la totalidad de ese 20%, ni qué se hace con las cantidades no repartidas por no haber socios conocidos a los que liquidar. Sea por ser fruto de recaudación de obras de dominio público, obras “creative commons” o simplemente que no se encuentra al autor, y que no se devuelven al inicial pagador, ni se descuentan del montante que la caja pública se ha comprometido a liquidar. Este asunto, las cantidades no devueltas a los pagadores será fruto, con toda probabilidad, de otra denuncia.

Los denunciantes también quieren saber, obviamente, si la diferencia de lo declarado hasta los 100.000.000 de Euros se ha abonado ya, y si así ha sido, quién lo ha cobrado y cómo se ha repartido y ¿Cómo es que no está reflejado en los estados contables de las entidades de gestión?.

En resumen la denuncia considera que se ha vulnerado la ley al no repartir el dinero recaudado entre autores, productores y ejecutantes, y apropiarse (sin devolverlo a quien lo abonó originariamente) lo que la ley establece por importe total de MÁS DE CINCUENTA MILLONES DE EUROS, MAS DE OCHO MIL MILLONES DE LASANTIGUAS PESETAS, sólo en estos dos años. Según la denuncia se ha incurrido en falsedad documental ya que las cuentas presentadas a los asociados y a la administración no coinciden y se ha producido un posibleFraude a la Hacienda Pública al declarar ante la administración pública una cantidad inferior para así obtener una mayor subvención. Así como también se denuncia el fraude (o estafa) ocasionada a los asociados, autores, productores y artistas, al no coincidir lo declarado con lo cobrado.

El Fiscal Anticorrupción tiene la “palabra”.

vía Cruce de denuncias por el canon digital · ELPAÍS.com y Denuncian ante la Fiscalía Anticorrupción una gran estafa en relación con el canon digital.

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